El cierre de oficinas ha afectado a todas las Comunidades en mayor o menor porcentaje. Como recoge el estudio, en Castilla y León no dispone de oficina el 79,1% de municipios, en Aragón el 57,2% de municipios no cuenta con sucursales bancarias, Navarra (54%), Castilla La Mancha (52,1%), La Rioja (51,7%), Cataluña (50,7%), Comunidad Valenciana (44,8%), Extremadura (39,2%), País Vasco (38,6%), Cantabria (38,2%), Comunidad de Madrid (37,4%), Andalucía (18,5%), Galicia (13,4%), Asturias (12,8%), Región de Murcia (8,9%), Islas Baleares (4,5%) e Islas Canarias (1,1%).
La exclusión financiera no se queda solo en la desaparición de oficinas, sino también en la dificultad de acceso a los servicios bancarios, ya que la mayoría de la población española (64%) no es usuaria de banca digital. “Además, los que sí la utilizan viven en capitales o grandes ciudades, pero no en entornos rurales con limitaciones para acceder a internet y con población más envejecida, lo que supone una clara discriminación hacia la España vaciada”, apunta José Manuel García Diego.
“La industria bancaria no sólo no ha mejorado el servicio a la clientela, sino que, en muchos casos, la ha condenado a la exclusión financiera cerrando las oficinas de esos pueblos de la ‘España vaciada’ porque no mantenían la rentabilidad previa a la crisis”, zanja el presidente de FINE.
Federación FINE
Es la organización sindical independiente más grande del sistema financiero español. Agrupa a más de 30.000 afiliados de una veintena de sindicatos independientes con un único fin: la defensa de las plantillas del sector, sin dependencia de intereses políticos, económicos, ideológicos o de cualquier otra índole.
Castilla y León es la Comunidad Autónoma más afectada por la exclusión financiera
“En dicha comunidad no dispone de banco el 79,1% de sus municipios con más del 15% de la población. Además, es la región donde existen más municipios (188) con una sola oficina bancaria. En Castilla y León podemos hablar, por tanto, no sólo de exclusión sino de auténtica desertización financiera’, argumenta Luis José Rodríguez Alfayate, presidente de FINE.
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