CCOO insta a revisar las pensiones mínimas de 400 euros, “porque no se puede vivir con ese dinero”

El secretario confederal de Políticas Públicas del sindicato destaca que el acuerdo de las pensiones restablece un marco de concertación que afecta a uno de cada cinco españoles y lo hará a un tercio en dos décadas.

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El secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, instó a acometer una revisión de las pensiones mínimas, que actualmente se encuentran en 400 euros, una cifra con la que a día de hoy “no se puede vivir en España”. Y además, exigió que sea con financiación presupuestaria, fuera de la caja de la Seguridad Social, porque se trata de “políticas de garantía de rentas, de renta mínima”.

Así lo trasladó minutos antes de la celebración de una asamblea con delegados celebrada en el centro cultural Bailarín Escudero de Valladolid, a los que trasladó los pormenores del acuerdo de las pensiones firmado el 28 de junio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco del Diálogo Social, y que en Castilla y León beneficiará a más de 600.000 pensionistas de la actualidad, pero también a las generaciones futuras, incluso a los que hoy cuentan con 20 años, que verán incrementadas sus expectativas un 20,6 por ciento a la hora de percibir su pensión dentro de varias décadas.

Al respecto, aseguró que no entendería que el PP derogara este acuerdo si llega al Gobierno porque ha votado a favor de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que están recogidas. “Quiero creer que no. Se ha sumado al acuerdo, que desarrolla favorablemente lo que ha votado”, confió, para advertir de que si alguien “intentara revertirlo, la respuesta sindical sería clara”.

Bravo compareció junto al secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, y la secretaria de Estudios y Asesoramiento a la Afiliación de CCOO en la Comunidad, Cristina Peral, quien anunció asambleas de este tipo en capitales de provincia y algunas localidades de más población. Además, se colocará un banner informativo en la web regional para recoger todas las inquietudes de los ciudadanos, que se explicarán en una asamblea abierta en streaming.

El responsable nacional de CCOO se refirió también a otros tres aspectos que no se encuentran en la mesa de negociación y que posiblemente se afronten en una segunda fase. Se trata del mecanismo de equidad intergeneracional, que es una “medida más de las muchas abordadas ahora y en 2011”. “Es una pieza de la que no hay que esperar un impacto presupuestario enorme. Queremos que esa aportación sea vía ingresos a la Seguridad Social”, expuso. También habló del periodo de cálculo de las pensiones, uno de los aspectos que más preocupa a los cotizantes, pero que “no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo”. “Quien no lo incorporó que lo explique. Sabemos a quien beneficia y a quien perjudica sumar más o menos años. Hoy no está esa recomendación en las aprobadas en el Congreso. No pondremos el foco en algo que no está en la mesa”, se despachó. Por último, en tercer lugar, apuntó que “no sabe qué tiene Escrivá en su cabeza”, pero tampoco está en el tablero el hecho de que los 'babyboomers' puedan tener un “ajuste" en la pensión con el nuevo mecanismo de equidad, que sustituye al factor de sostenibilidad, y que sería “bastante moderado”, tal y como afirmó la semana pasada el ministro. “No tiene sentido que cuando estamos explicando un acuerdo que ha sido difícil de conseguir pongamos el foco en otros asuntos. ¿Puede haber medidas para la llegada de este colectivo a la jubilación? Puede haberlas”, sentenció, para aclarar que “no es el momento”.

Bravo expresó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre el sistema de pensiones supone una enmienda completa a la reforma unilateral de 2013, corrige el rumbo de la Seguridad Social y genera “seguridad y certidumbre”. El responsable de CCOO señaló que los próximos retos, en una segunda fase, son elevar el SMI al 60 por ciento del salario medio y establecer mecanismos de redistribución de las rentas para equilibrar el reparto de los beneficios entre el capital y el mundo de trabajo y aumentar las bases de cotización. “Cinco millones de personas hoy no cotizan por sus ingresos reales en España”, denunció. Estos objetivos también tendrán una repercusión importante en los ingresos de la Seguridad Social.

Carlos Bravo defendió un acuerdo que mejora los incentivos para las personas que decidan demorar la jubilación, y también los reordena para permitir un acceso más fácil y menos gravoso a la anticipada. “Mejora la inmensa mayoría de los coeficientes reductores”, dijo.

El dirigente sindical también constató que acaba con el deterioro progresivo de las pensiones que se produce con el sistema actual, con la derogación del factor de sostenibilidad, y establece un nuevo sistema de revalorización ligado al IPC. Además, comentó que se tendrá que negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Bravo ensalzó que el acuerdo beneficia a los jóvenes porque establece un sistema comparable entre generaciones, con independencia del número de sus integrantes, prevé una financiación vía presupuestos de 21.000 millones anuales; y contempla que todas las becas formativas cotizarán al sistema. En este sentido, sobre la eliminación del factor de sostenibilidad, consideró que es “un mensaje directo a las generaciones futuras”. Para ver el alcance, comentó que una persona con 50 años, la derogación del factor significa que su expectativa de pensión mejora un nueve por ciento, unos 135 euros para una pensión media de 1.500. Para los de 40 años, mejora en un 16,8 por ciento, unos 253 euros al mes; y para los que hoy tienen 25 años, se traduce en que su pensión mejorará en un 20,6 por ciento. “El impacto que esto tiene es muy relevante”, subrayó.

Todo esto se completará cuando se establezca el sistema de estimación directa por ingresos para los autónomos y las bases máximas de cotización, para lograr una potente estructura que permitirá afrontar el momento más exigente para el sistema que se producirá en 2048.

Para los próximos 30 años

Por su parte, Vicente Andrés definió el acuerdo como “de futuro”, para que las personas “lleguen al final de su vida laboral para disfrutar y poder vivir en condiciones dignas, y eso lo garantiza el sistema público de pensiones, que es trascendente”.

El acuerdo, dijo, es “relevante por su contenido y porque se proyecta para los próximos 30 años como garantía para los actuales trabajadores”. Para empezar, recordó que deroga todo lo relativo a pensiones de la reforma laboral de 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que “condenaba a mermar las pensiones del futuro”. Por ello, explico que los objetivos macro “están cubiertos con este acuerdo”, que ahora inicia un proceso parlamentario que culminará en diciembre o enero.

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