Tras la denuncia presentada por los sindicatos CSIF y UGT, el Servicio de Inspección de Trabajo emitió un informe que determina diversas infracciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se impone una multa de 10.000 € a la Fundación, y abre la puerta a los demandantes a la posibilidad de proseguir la denuncia ante los tribunales de lo social y penal.
La Inspección constata la ausencia de evaluación del riesgo de exposición al COVID-19 durante el periodo comprendido entre marzo, inicio del estado de alarma sanitaria, y el 15 de junio, con la consiguiente ausencia de adopción de medidas preventivas para sus trabajadores. Asimismo, se certifica en este informe que se incumple por parte de la empresa el derecho de participación de los trabajadores en la actividad preventiva, informando y reuniendo a los trabajadores de forma tardía.
Se da la circunstancia de que la dirección del Centro de Hemoterapia rechaza un primer informe de Riesgos derivados del COVID-19, realizado por el Servicio de Prevención Concertado (ASPY). Como consecuencia de ello, se emite una segunda evaluación que no se comunica al Comité de Seguridad y Salud hasta el 15 de junio, es decir, cuatro meses después de cuando debería estar realizada la evaluación e implantadas las medidas, pero firmándose con idéntica fecha que la primera evaluación realizada.
La presidenta provincial de CSIF Valladolid, María José San Román, indica que parece mentira que todavía haya que luchar por aspectos tan básicos de la aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y que se muestre absoluto desprecio por la salud de sus trabajadores. La dirección del centro debería explicar por qué no le gustó el primer informe sobre las medidas preventivas señaladas por el Servicio de Prevención Concertado (ASPY), obligándole a realizar un nuevo informe. “¿Buscaba una rebaja en la protección de sus trabajadores, todo a espaldas de los empleados de los que depende que haya sangre en los hospitales de la Comunidad?”
La resolución de la Inspección de Trabajo deja abierta la vía administrativa y también la judicial, recuerda CSIF, que podría aclarar el asunto de la emisión de dos evaluaciones con idéntica fecha, y que la definitiva no estuviera realizada hasta mediados de junio, dejando desamparados a sus empleados.
San Román afirma que CSIF espera un cambio de rumbo y de actitud de la Dirección del Centro de Hemoterapia y Hemodonación ante lo que se ha demostrado un tremendo error, certificado por una sanción de 10.000 euros de la Inspección de Trabajo que podía haber sido muchísimo mayor.
Por su parte, Miguel Holguín, secretario regional de Sanidad de la FeSP de UGT Castilla y León, califica de indignante y temeraria la actitud de la dirección del centro hacia la salud de los trabajadores y trabajadoras, ante los hechos constatados y sancionados por la Inspección de Trabajo. Desde UGT, se insiste en que la Consejería de Sanidad está obligada a realizar una investigación sobre el asunto, depurar responsabilidades y replantear de una vez por todas el cambio de modelo de gestión del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, retornándolo a lo público, ya que actuaciones como las sancionadas demuestran un modo de hacer las cosas que no cabe dentro de la Sanidad Pública de la Comunidad.
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