La Comisión de Ética Pública, el órgano consultivo sobre esta materia en la Administración de Castilla y León, mantiene abierta la denuncia presentada contra la exconsejera Verónica Casado por un curso de formación presuntamente pagado por una farmacéutica y archiva, por unanimidad, la que elevó Ciudadanos contra el actual titular de Sanidad, Alejandro Vázquez, por las tres reuniones que mantuvo con Ambuibérica y que no figuraban en las agendas de trabajo de los altos cargos.
Así recoge el acta, consultada por Ical, sobre la reunión que la Comisión celebró el 25 de marzo y que terminó, tras 35 minutos de deliberaciones, con la decisión, por unanimidad, de solicitar información adicional a Casado, así como a la Consejería de Sanidad para conocer si incumplió el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos por participar en un curso sobre liderazgo, por el que la Junta abrió en febrero una investigación reservada.
Así, el pasado 24 de febrero, la Comisión integrada por los máximos dirigentes de la Consejería de la Presidencia, que asumieron las competencias en la pasada legislatura de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, decidió encargar una serie de actuaciones previas. Para ello, se solicitó la documentación pertinente y tras recibirla volvió a celebrar una nueva sesión el 25 de marzo.
En su veredicto, contó con la opinión, como vocales, de la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Burgos, Elena Vicente Domingo; del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, Miguel Díaz y García-Conlledo, y del profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno.
Al respecto, Elena Vicente consideró que existían “ciertas lagunas y aspectos sin responder” como cuál había sido el precio del curso, quién había sido el organizador real del mismo, cómo se eligieron a los participantes y si era una designación técnica. También Pedro Nevado señaló que se desconoce si Casado acudió como asistente al curso o como consejera a un acto institucional y que la información era insuficiente sobre la organización del mismo.
Miguel Díaz consideró que la denuncia parecía un “poco exagerada” ya que no parece a su juicio que hubiera “beneficio”. “Es habitual que desde las instituciones se realicen congresos a los que se acude de forma ordinaria”, dijo. No obstante, apuntó que se podría ampliar la información mediante la declaración de la exconsejera y opinó que habría que conocer por qué siendo público no se incluyó en la agenda.
La Junta de Castilla y León abrió a principios de febrero una información reservada sobre el presunto pago de un curso por parte de una farmacéutica a la exconsejera de Sanidad en León durante dos días, 11 y 12 de noviembre del año pasado, seminario que Verónica Casado no incluyó en su agenda de Gobierno. Además, esta actuación afectaba también al presunto incremento del salario de una enfermera interina sin la titulación exigida para ser jefa de servicio.
Archivo
Por otra parte, la Comisión de Ética Pública dio carpetazo a la denuncia elevada por las reuniones que mantuvo Alejandro Vázquez, con responsables de Ambuibérica, empresa concesionaria del transporte sanitario, sin que figura en las agendas de los altos cargos. Tras revisar el caso, este órgano acordó por unanimidad archivar el expediente al no detectar que se incumpliera el Código Ético y de Austeridad.
De esta forma se cierra el expediente abierto tras desvelar el exvicepresidente Francisco Igea que el titular de Sanidad se había reunido con la empresa Ambuibérica el 23 de diciembre, dos días después de tomar posesión y antes de que se conociera la intención de convocar un concurso para contratar el servicio de transporte sanitario, con un montante de 809 millones de euros.
El propio consejero confirmó días después que se había reunido en tres ocasiones para pedir mejoras en el servicio de ambulancias e interesarse por el conflicto laboral. Tras conocerse la denuncia, la primera que recibía la Comisión de Ética Pública, este órgano se reunió el 24 de febrero y acordó solicitar documentación para dictaminar si había habido un incumplimiento del Código de altos cargos.
Miguel Díaz sostuvo que había habido un “mínimo incumplimiento formal parcial”, puesto que se había garantizado la transparencia “en un momento de transición importante en la Consejería de Sanidad sin mayor transcendencia en relación con la finalidad perseguida por el Código Ético”. Además, Elena Vicente añadió como había dicho Alejandro Vázquez que las reuniones se produjeron “sin que hubiera licitación”. No obstante, cree que “hubiera sido conveniente conocer si por esas fechas se agendaron o no otras reuniones”. También, Pedro Nevado manifestó que “las explicaciones vertidas por el consejero de Sanidad le parecen suficientes y razonables”.
La Comisión de Ética Pública es el máximo órgano colegiado en materia consultiva sobre ética pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Está presidida por el titular de la consejería a que esté adscrita la Inspección General de Servicios, que la presidirá y también forman parte de ella tres expertos.
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