La convocatoria que se publica hoy se dirige fundamentalmente a entidades privadas sin ánimo de lucro que pertenezcan a la Red de Protección e Inclusión y a personas y familias que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. Las entidades que una vez hayan presentado los proyectos de itinerarios sean beneficiarias de la subvención, solicitarán a la Gerencia de Servicios Sociales que les remita a los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de su localidad para poder seleccionar a las personas que participarán en el itinerario de inserción sociolaboral. De hecho, en cada uno de ellos participan entre 12 y 16 personas y al menos el 75 por ciento debe ser beneficiario de la Renta.
Asimismo, como complemento de la RGC, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades programa actuaciones dirigidas a mejorar las posibilidades de empleo de los beneficiarios de la Renta con el objetivo de favorecer su salida del ámbito de la exclusión social. Esta es precisamente la finalidad de dos de las convocatorias que anualmente se publican: subvenciones dirigidas a financiar la realización de itinerarios de inserción con el fin de mejorar las posibilidades de empleo de los beneficiarios de RGC y las destinadas a la contratación de beneficiarios de dicha Renta, que se publicará próximamente. Ambas líneas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y León y en la convocatoria de itinerarios del año pasado se financió un total de 92 en los que participaron 1.351 personas.
Desde el año 2011, la Junta de Castilla y León concede la Renta Garantizada de Ciudadanía a una media de 15.000 familias al año, una prestación económica que se abona periódicamente en función del número de miembros de la unidad familiar y que está vinculada a una serie de obligaciones, entre las más relevantes destacan: garantizar que los menores a cargo del perceptor acudan a la enseñanza obligatoria, estar inscrito como demandante de empleo, participar en las acciones formativas que se programen y no rechazar ofertas de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones supone el inicio de un expediente de extinción de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
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