El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, hapresentado hoy en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómicolos informes de fiscalización de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de lagestión de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,ejercicios 2016 y 2017.
El presidente de la institución dio cuenta del trabajorealizado durante el estado de alarma que resumió en siete plenos para laaprobación del inicio de otras tantas fiscalizaciones del Plan Anual 2020,además de dos comparecencias para presentar 6 informes, más el envío de 4infomes al Parlamento autonómico. Amilivia destacó la “intensa actividaddesarrollada” y expresó su “satisfacción por el trabajo efectuado por todo elpersonal de la institución durante estos meses tan complejos”.
Transcurrido un año de vigencia del Plan Estratégico2019-2022 del Consejo de Cuentas, el presidente consideró “conveniente”analizar tanto el resultado de las iniciativas ya impulsadas como las medidastodavía pendientes de aplicación. “Nos mostramos siempre abiertos al diálogocon los grupos parlamentarios, también en relación a recientes iniciativaslegislativas que pueden afectar al ámbito competencial de esta institución, ysobre las que ya se han realizado las oportunas alegaciones”, aseguró ante losmiembros de la Comisión.
El Consejo de Cuentas, explicó, saluda el acuerdo querepresenta el “Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión socialen Castilla y León” que, desde un consenso que representa a la práctica totalidaddel Parlamento, en su punto 4 respalda la iniciativa que tuvo el GrupoSocialista en el sentido de solicitar al órgano de control externo lafiscalización de la contratación llevada a cabo por la Administraciónautonómica durante la crisis sanitaria, concretando además su incorporación enel Plan Anual de 2021.
Tras la comparecencia de hoy, precisó, quedarán 7 informesya aprobados, pendientes de comparecencia, 3 de ellos del ejercicio 2018 y 4 de2020.
Actualmente el Consejo mantiene 37 trabajos en distintasfases de tramitación correspondientes a 2019 y 2020.
-Fiscalizaciónoperativa de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Auditoría operativa, su objetivo central fue el de valorarel cumplimiento de la finalidad de las prestaciones otorgadas y el seguimientoefectuado para evaluar el nivel de eficacia y eficiencia alcanzado en lautilización de los recursos disponibles.
Referida al ejercicio 2015, el trabajo de campo finalizó endiciembre de 2017, examinándose la documentación completa de una muestra de 50expedientes, 15.000 contestaciones a cuestionarios y más de 6.000 ficheros conunos 40 millones de datos.
El informe, explicó el presidente del Consejo, refleja 40conclusiones. El gasto total en la prestación ascendió en 2015 a 73 millones deeuros, el 9% del total de la Gerencia de Servicios Sociales. Más de la mitaddel gasto se realizó en las provincias de León y Valladolid, el 25% en cada una,seguida de Salamanca con el 13%, mientras que en Burgos solamente supone el 7%.Los menores porcentajes recaen en Segovia y Soria con el 4% y 2%, respectivamente.Así, el gasto en la Renta Garantizada de Ciudadanía ha experimentado un crecimientodel 163% desde su entrada en vigor en 2011, cuando el gasto representó 28millones de euros. (En 2016 el gasto se elevó en 3 millones hasta un total de76; en 2017, un millón más, hasta los 77, la mayor cuantía alcanzada; y en 2018se reduce a 72).
Se estima que un 14% de los 11.830 titulares en nómina a 31de diciembre de 2015 estuvo percibiendo la prestación a lo largo de los 5 añosde vigencia de esta Renta y un 8% procede de los antiguos Ingresos Mínimos deInserción. El tiempo medio que perdura un expediente vivo de esta Renta ennómina se sitúa en torno a 3 años dentro del periodo analizado. En 2015 lostitulares en nómina a final de ejercicio ascienden a más del doble que los existentesen 2011 y la cuantía promedio pagada es de 522 euros por expediente. Desde suentrada en vigor hasta 2015 se produjo un descenso global de las solicitudespresentadas de alrededor del 40%, con un repunte en 2013, pasando de 14.719 en2011 a 8.636 en 2015.
La gestión de esta Renta se desarrolla con carácter generala través de los servicios periféricos de la Gerencia de Servicios Sociales (95efectivos en 2015 dedicados a esta tarea) y la participación de los centros deacción social de las entidades locales es esencial (en 2015 contaban con 336efectivos destinados a información, diagnóstico, valoración o seguimiento). Elnúmero de resoluciones estimatorias de reconocimiento de esta prestación del ejercicio2015 fueron 4.253, el 44% del total de las solicitudes, liderando las provinciasde León y Valladolid el número de resoluciones concedidas con 1.113 y 1.029,respectivamente. Por el contrario, Soria y Segovia son las que menor volumen desolicitudes reconocieron con 107 y 177, respectivamente.
El tiempo medio que se tarda en resolver un expediente es de5 meses. Las resoluciones denegatorias emitidas en 2015 ascendieron a 3.929 yconstituyen el 41% de las solicitudes resueltas, si bien disminuyen un 16%desde 2011. Las Gerencias Territoriales resuelven las denegacionesmayoritariamente en un plazo igual o inferior a los 3 meses.
En cuanto al seguimiento de la prestación y evaluación de sufinalidad, Amilivia significó que las Gerencias Territoriales contaban en 2015con unas 34 personas para realizar las funciones de seguimiento. De los 194efectivos disponibles en los CEAS se estima que 86 pertenecen a ayuntamientos,mientras que 108 dependen de las diputaciones. Se constata la escasa relevanciadel papel jugado por la Comisión de Seguimiento de esta Renta, configurándose apartir de 2015 como un órgano de participación y formulación de propuestas, másque de seguimiento y evaluación de resultados. No existen sistemas de control yevaluación mediante indicadores ni se realizan informes de evaluación de resultadosa efectos de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la finalidadperseguida en cuanto a la atención de necesidades y promoción de la integraciónsocial.
El Consejo estima que aproximadamente el 12% de lostitulares de la Renta que figuraban en la nómina de diciembre de 2015 se habíanincorporado al mercado laboral en septiembre de 2017, mientras que cerca del60% de ellos continuaban percibiendo la prestación.
En relación a las recomendaciones realizadas, el presidentedel órgano de control incidió en el grado de cumplimiento de las seis quefueron emitidas, todas ellas aplicadas parcialmente, a tenor de lo contestadopor la Gerencia de Servicios Sociales en abril de 2019. Estas fueron lasrecomendaciones:
1.- El Consejo recomienda la aprobación de un manual deprocedimiento de gestión actualizado y unificado, en virtud de los cambiosnormativos y de la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de laprestación.
2.- Se plantea aumentar el número de efectivos destinados enlas Gerencias a la gestión de la Renta, especialmente los dedicados a tareas deseguimiento
3.- Se recomienda a la Gerencia de Servicios Sociales tomarmedidas para adecuar los plazos de resolución al procedimiento establecido.
4.- Se plantea a la Gerencia la implementación de un plananual de seguimiento con equipos propios separados de las funciones inicialesde reconocimiento de la prestación, cuyos resultados se recojan en un informeanual.
5.- Se aconseja a la Gerencia promover actuaciones con elECyL para potenciar tanto los servicios destinados a los perceptores de la Renta,tratando de iniciarlos en plazos más breves, como las ofertas de empleodirigidas a ellos.
6.- Se sugiere a la Gerencia la implantación de un sistemade control y evaluación mediante indicadores que permita evaluar el cumplimientode la finalidad de la prestación tanto en lo referido a la atención denecesidades básicas como a promover la integración.
Teniendo en cuenta la receptividad expresada a lasrecomendaciones del Consejo, Amilivia las puso en valor en el actual contextode puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, nueva prestación para cuya aplicaciónserá de enorme utilidad la experiencia acumulada en Castilla y León con laRenta Garantizada de Ciudadanía.
Este Ingreso Mínimo Vital, subrayó, se configura como unaprestación “suelo” compatible con las prestaciones que las comunidadesautónomas conceden en concepto de rentas mínimas, tanto en términos decobertura como de generosidad, lo que permite a las comunidades autónomas modularsu acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio.
Amilivia se refirió al “Pacto para la recuperacióneconómica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León”, en cuyo artículo50 se plantea solicitar al Gobierno de la Nación la gestión del Ingreso MínimoVital por parte de la Junta de Castilla y León en los mismos términos ycondiciones que el País Vasco y Navarra, garantizando así la igualdad entre laspersonas, sea cual sea su territorio de procedencia. También mencionó elartículo 49 de dicho Pacto, que plantea en relación a la Renta Garantizada deCiudadanía que la disminución de gasto que pueda producirse con la implantacióndel Ingreso Mínimo Vital se destine a incrementar las prestaciones sociales,teniendo en cuenta nuevas situaciones de pobreza a causa de la pandemia.
- Fiscalización de lagestión de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,ejercicios 2016 y 2017. Es un informe aprobado y publicado el pasado mes dediciembre. De acuerdo con los objetivos y alcance establecidos, y comoconsecuencia de las 30 conclusiones reflejadas en el mismo, el Consejo opinaque la estructura de la Fundación es adecuada a la normativa en vigor. Encuanto a la gestión económica, se considera correcta con carácter general, conlas salvedades reseñadas en 10 conclusiones relativas a las áreas de contratos,convenios, subvenciones y gestión de personal. Asimismo, se ha comprobado la regularidadde los ingresos obtenidos por la Fundación derivados de la gestión de lasactividades.
El Consejo realiza 5 recomendaciones, entre ellas que laConsejería de Cultura y Turismo promueva modificaciones legislativas paraclarificar la delimitación institucional del sector público autonómico,conforme a la normativa estatal, y para que el ámbito del registro público decontratos de la administración autonómica coincida con el del sector públicoestatal. Además, la Consejería debería promover la modificación de la ley deSubvenciones de la Comunidad al objeto de aclarar si bajo la nueva regulaciónde la Ley General de Subvenciones, las fundaciones públicas de la Comunidadpueden continuar realizando entregas dinerarias sin contraprestación, al mismotiempo que otorgan subvenciones o si, únicamente, pueden conceder subvenciones.
Por otra parte, se recomienda que la Fundación Siglopromueva la suscripción de convenios con la Consejería de Cultura y Turismo parala gestión del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, del Museode la Evolución Humana, del centro Palacio de Quintanar, y de actividadesculturales previstas en los estatutos pero no recogidas en el convenio marcosuscrito en 2002 por la Consejería y la Fundación, en el que se anexaron tresproyectos (Musac, Lengua Española y Orquesta Sinfónica) y en el que se indicaque los proyectos futuros deberán plasmarse en convenios específicos o enadendas al convenio marco.
Finalmente, a fin de garantizar los principios deconcurrencia, publicidad y transparencia, la Fundación debería considerar cadauna de las ferias, exposiciones, eventos y actuaciones que promueve como unaunidad funcional diferenciada para contratar de forma conjunta y por procedimientoabierto todos los servicios necesarios, sin perjuicio de la división en loslotes que fuesen necesarios.
Igualmente, añadió, podría contratar de forma diferenciada ymediante procedimiento abierto cada uno de los servicios que deben serprestados para la celebración de todas las ferias, exposiciones, eventos yotras actuaciones programadas al principio del ejercicio.
En su segunda intervención, el presidente del Consejoactualizó algunos datos e incidió en algunos aspectos relevantes. Comentó quelos datos de liquidación presupuestaria son muy semejantes con las últimas cifrasque figuran en la Cuenta General de la Comunidad del ejercicio 2018. Así, si en2017 el presupuesto previsto era de 29,7 millones de euros y se ejecutó 1,9millones más, hasta los 31,6, en el ejercicio 2018 el presupuesto previsto eraligeramente inferior, 28,9 millones, ejecutándose 3,2 millones hasta alcanzarlos 32,1.
En materia de personal, la plantilla se incrementó en 4personas, pasando de 193 empleados en 2017 a 197 en 2018. El gasto se incrementóde los 7,7 millones de euros a los 8,3 millones.
En segundo lugar, Mario Amilivia recordó que “cuandopresentamos en esta Comisión la fiscalización de los procesos de extinción deentidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como consecuencia de lareestructuración de su sector público, ya me referí a la regulación de la Leyde Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 sobre el deber de lasAdministraciones de controlar la procedencia de su sector públicoinstitucional”. Subrayó que la norma prevé la obligación, por parte de lasAdministraciones, de establecer un sistema de supervisión continua de susentidades dependientes para comprobar que subsisten los motivos que justificaronsu creación, así como su sostenibilidad financiera.
En relación a las recomendaciones realizadas por el Consejo,afirmó que se está elaborando el informe sobre el seguimiento de lasrecomendaciones del ejercicio 2019, y que aún no se dispone de lascontestaciones de los entes fiscalizados por razón de la suspensión de plazosadministrativos a causa de la pandemia.
Insistió en todo caso el presidente del órgano de control enque:
1.- La Consejería de Cultura y Turismo debería promover lasmodificaciones legislativas necesarias para que el ámbito subjetivo de la Leyde Gobierno y Administración de la Comunidad se adapte al de la Ley del RégimenJurídico del Sector Público. En esta norma deberían incluirse las fundacionespúblicas como parte integrante del sector público institucional, definiéndoseun concepto de fundación pública en base a tres parámetros diferenciados: laaportación mayoritaria en la constitución inicial; el patrimonio superior al 50%;y la mayoría de los derechos de voto.
2.- La Consejería también debería promover lasmodificaciones legislativas necesarias para que en el ámbito subjetivo y objetivodel registro público de contratos de la administración de la Comunidad coincidacon el del registro de contratos del sector público estatal, con lo que se lograríauna mejor coordinación y sincronización entre los registros, y una simplificacióny mayor uniformidad de las obligaciones de suministro de información contractualde todas las entidades del sector público autonómico sometidas a la legislaciónde contratos del sector público respecto de los registros estatal y autonómicoy del Consejo de Cuentas.
3.- La Fundación Siglo debería promover la suscripción deconvenios o instrumentos similares con la Consejería de Cultura y Turismo parala gestión de los Museos de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, y dela Evolución Humana y del Centro de Creación Artística e Innovación “Palacio deQuintanar”, así como de las actividades culturales previstas en los estatutospero que no estaban recogidas en el convenio marco de 2002, donde solo figurabanlos proyectos “Lengua Española” y “Actividad de la Orquesta Sinfónica deCastilla y León”.
4.- La Fundación Siglo, al objeto de garantizar losprincipios de concurrencia, publicidad y transparencia, enumerados en el artículo1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, deberíaconsiderar cada una de las ferias, exposiciones, eventos y actuaciones quepromueve como una unidad funcional diferenciada, para, de este modo, contratarde forma conjunta y por procedimiento abierto todos los servicios necesariospara su celebración, todo ello sin perjuicio de la división en los lotes quefuesen necesarios. De la misma forma, la Fundación podría contratardiferenciadamente y por procedimiento abierto cada uno de los servicios quedeben ser prestados para la celebración de todas las ferias, exposiciones,eventos y otras actuaciones programadas al principio del ejercicio.
5.- El Consejo señala la conveniencia de que la Consejeríade Cultura y Turismo promueva la modificación de la Ley de Subvenciones de laComunidad para aclarar sin con la Ley General de Subvenciones, las fundacionespúblicas de Castilla y León pueden seguir realizando entregar dinerarias sin contraprestación,al mismo tiempo que otorgan subvenciones, o si, únicamente, pueden concedersubvenciones.
Esta recomendación, en lo que afecta a la Fundación Siglo,deja de tener efectos en la práctica pues no consta que en los últimos ejercicioshaya tenido actividad subvencional alguna en cuanto a convocatorias en concurrenciacompetitiva. Amilivia recordó que en una reciente comparecencia del directorgeneral de la Fundación, a tenor de lo publicado en los medios, este aseguróque “muchas de las cosas que aparecen en el Consejo de Cuentas hoy en día sehan corregido de forma drástica”.
Por ello, el presidente confío que “esperemos podercomprobar en breve si dichos cambios atienden efectivamente a lo expresado ennuestras recomendaciones”.