El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En concreto, establece que las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto ley en el BOE para poner en marcha esta medida.
De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.
Bonificaciones a la contratación
También se establecerán bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, con un coste de 25,68 millones. Así, los empresarios que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en el SEPE, al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, tendrán derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social por trabajador de 1.300 euros al año durante 3 años, cifra que ascenderá a 1.500 euros anuales si la contratada es una mujer. Este "plus" para las mujeres busca paliar la brecha laboral, ya que del total de 1,32 millones de parados de larga duración, el 64% son mujeres, ha apuntado Valerio.
Además, se clarifica el Plan de Garantía Juvenil, destinado a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, para evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años.
Reducción de cuotas agrarias y en turismo, hostelería y comercio
La norma incorpora un Plan para impulsar que las empresas conviertan en indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, con una bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años. La cuantía de esa bonificación puede llegar hasta los 40 euros al mes por trabajadores encuadrados en el grupo 1 que cobren menos de 1.800 euros y trabajen todo el mes, y en el caso de la mujer, hasta 53,33 euros al mes. El coste será de 12,7 millones.
También verá la luz una reducción del 14,6% en las cuotas para trabajadores del sistema especial por cuenta ajena del sector agrario durante sus periodos de inactividad, de forma que, con efectos del 1 de enero, aquellos que hayan realizado un mínimo de 55 jornadas cotizadas en 2018 se les aplicará el descuento. Se beneficiarán 230.000 personas, de las que el 82% trabaja en Andalucía, que pagarán 103,12 euros, 4,5 euros más al mes, frente a los 120,75 euros que habrían abonado anteriormente, evitando así el impacto del alza del SMI.
A su vez, los artistas podrán solicitar la situación de inactividad en cualquier momento del año, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en el año anterior.
Asimismo, habrá una reducción a la mitad de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos de las empresas de sectores de turismo, hostelería y comercio durante los meses de febrero, marzo y noviembre.
Las compañías podrán aplicar una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, por desempleo, Fogasa y Formación Profesional de los trabajadores fijos discontinuos de estos sectores en los meses de febrero, marzo y noviembre. La medida, que costará 15 millones, contribuye al mantenimiento de más de 50.000 empleos esos meses.
Medidas sociales
Con este real decreto ley también se recupera la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares de personas dependientes (coste de 296,28 millones) y se duplican las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo para luchar contra la pobreza infantil, que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 euros en el caso de personas con menores ingresos (coste de 157,56 millones).
Por otra parte, la Seguridad Social incrementará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y 6.930 euros para las personas con cónyuge no a cargo. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2019.
El Gobierno también prevé constituir un grupo de expertos antes del 30 de junio para llevar a cabo los estudios necesarios para la elaboración de un nuevo Estatuto de Trabajadores.
Por último, en materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012, con una dotación de 70 millones.
El Consejo de Ministros aprueba la obligación de fichar en todos los trabajos
La medida se instaurará a los dos meses de publicarse el real decreto ley en el BOE.
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