El Consejo de Ministros ha autorizado a Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 1.000 millones de euros. Estas operaciones tienen como finalidad la refinanciación de préstamos formalizados anteriormente por la Administración castellano y leonesa que mejoren las condiciones pactadas.
El Consejo de Ministros ha autorizado a varias comunidades autónomas a emitir pagarés y deuda pública a largo plazo y a otorgar garantías para aumentar liquidez, refinanciar préstamos y lanzar líneas de avales para fomentar la actividad económica en distintos sectores, principalmente dirigidos a las pymes, y algunas líneas específicas destinadas a atender las necesidades extraordinarias de financiación de las empresas derivadas de la COVID-19 o para financiar matrículas universitarias.
Estas autorizaciones se acuerdan en cumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf).
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