Este viernes, los procuradores en las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular, Isabel Blanco y Emilio Cabadas hacían una valoración de la nueva Ley de Protección a las Familias aprobada por la institución autonómica en los últimos días.
Esta protección ya existía una red de protección, pero es ahora con una ley cuando esa protección a las familias está blindada y se torna en un derecho. De esta manera, tal y como aseguraba Isabel Blanco, Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma en blindar la protección a las familias.
La propia Isabel Blanco ensalzaba la apuesta del PP “por la gente que vive en nuestro territorio” y por el Diálogo Social en la políticas de la Comunidad.
“La red de protección a las familias en este último año ha atendido a más de 9.000 personas con un presupuesto de más de siete millones de euros” detallaba la procuradora popular, quien calificaba a las prestaciones existentes como “variadas y diversas”. Algunas de esas prestaciones son: necesidades básicas en necesidad de urgencia social, servicio de entrega de alimentos, servicio integral para familias en riesgo de desahucio o medidas dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda a personas que tienen especial dificultad entre otros. En Zamora, han sido atendidas más de 2.000 personas gracias a estas prestaciones.
“Esto es lo que se está garantizando” añadía Blanco, quien ensalzaba el valor de los acuerdos del Diálogo Social el 2013 donde se planteó el análisis y la orientación de las medidas.
“Es un intento de acabar con la pobreza en todo nuestro territorio” declaraba Emilio Cabadas, vicepresidente de la Comisión de Familia, quien recalcaba las claves de esta nueva ley.
Una de esas claves es la creación de cuatro nuevos derechos objetivos: derecho al servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, el derecho a una prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, prestación económica de para alquiler de vivienda habitual y el servicio de provisión inmediata de alimentación.
Entre otras claves, Cabadas resaltaba la mejora de coordinación con la creación de un comisionado de red que se formará por distintos entes públicos y privados, nuevas herramientas para valoración del caso, la ampliación de los apoyos de atención, para entre otros, las víctimas de violencia de género, o la creación de un fondo de colaboración con otros organismos como empresas eléctricas, organismos, entidades locales, etc.
Por último, Cabadas incidía en la importancia de que la protección a las familias se haya blindado por ley, para no depender así de los gobiernos que haya en el poder.
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