El crecimiento de Castilla y León “languidece ante una inflación galopante”, según el Observatorio Económico del Servicio de Estudios Económicos ECOVAEstudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, correspondiente al tercer trimestre de 2021, que pone de manifiesto que la Comunidad asiste a “una nueva fase de desaceleración de la economía”, después del crecimiento obtenido en el segundo trimestre del año.
El director de ECOVAEstudios, Juan Carlos De Margarida, que fue el encargado de presentar los datos del Observatorio, lamentó que “la coyuntura económica de la región está oscilando de la certidumbre a la incertidumbre”, y aseveró que “el incremento continuado de una inflación persistente, junto con la escasez de la oferta, está generando inestabilidad en consumidores y productores que se traduce en un malestar social”, algo que se ve agravado con “la indecisión del Gobierno a la hora de tomar medidas de control inflacionario, ya que existe la certeza de que la inflación no es transitoria, por lo que perdurará en el tiempo con niveles importantes hasta principios de 2024”.
A nivel bancario, el dilema de los bancos centrales entre inflación y crecimiento económico se agrava, lo cual “endurecerá las condiciones de financiación, lo que supone una grave amenaza para un país como España y una comunidad autónoma como Castilla y León, con tan alta deuda y, lo que es aún más grave, sin una hoja de ruta para reducirla, insistió.
El panorama actual d ella Comunidad pone de manifiesto “una crisis de oferta, no de demanda, puesto que hay dinero “embalsado” por los confinamientos y en la actualidad ganas de consumir”, mantuvo De Margarida, quien también ha remarcado que “la situación actual de incertidumbre es muy compleja y complicará el ajuste entre la oferta y demanda”.
El mercado laboral es otra de las variables económicas que se analizan en este Observatorio, donde se ha confirmado que está experimentando un crecimiento a pesar de los problemas que tienen las empresas en un ambiente inflacionario.
De Margarida concretó que se produce una contradicción “al coexistir una gran demanda de puestos sin cubrir, al mismo tiempo que una gran cantidad de trabajadores sin empleo”, y añadió que “además existe la singularidad de que el empleo se está recuperando por delante de la producción, lo que puede agravar los problemas”.
Mención aparte merecen los ERTE. “Existe la necesidad de prorrogarlos, al menos, hasta final del año 2022 ante la realidad de un decrecimiento económico durante el año que viene, donde se producirá una desaceleración de las contrataciones y de la creación de empleo”.
Por todo ello, De Margarida considera necesario afrontar reformas necesarias y urgentes: “Llevamos ya más de tres años reclamando reformas estructurales que nunca llegan y que son necesarias para lograr la competitividad que nos hará estar al mismo nivel económico de los países más dinámicos de la UE. Reformas que pasan por crear una economía competitiva en la región, que deben ser lideradas por el Gobierno de España al unísono con la Unión Europea, con una visión estratégica que lleve al crecimiento económico”.
El estudio concluye que se asiste a “un cambio de paradigma macroeconómico” ya que “en momentos de tensión económica la deslocalización es un alto riesgo, puesto que dependemos del ritmo de producción y las querencias de otros países, algo que nos hace estar “con las manos atadas””, comentó el director de ECOVAEstudios.
Por ello, “hay que apostar por la creación de nuevas empresas o potenciar las existentes, volviendo a localizar los procesos productivos en la UE, España y Castilla y León”. Este hecho, según De Margarida, se debe iniciar mediante “un proceso parcial de desglobalización controlada, relocalización y un incremento en la tendencia al proteger nuestras economías con miras a garantizar la estabilidad económica de las futuras generaciones”.
De Margarida aprovechó para mandar un mensaje a los responsables de coordinar los fondos europeos: “Las reformas estructurales y los fondos Next Generation serán eficaces y eficientes siempre que los gestores, tanto públicos como privados, sean coherentes, lo que implica no tomar decisiones partidistas e ideológicas”.
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