Diciembre de 2015: Aprobación del nuevo proyecto en Junta de Gobierno Local para intervenir en el edificio y dotarlo de usos adicionales, desestimando el proyecto existente realizado durante el ejercicio del anterior equipo de gobierno del Partido Popular.
Marzo de 2016: Aprobación del expediente de contratación para la licitación del contrato a través de la modalidad de la subasta y con un único criterio de elección del contratista que era la baja económica.
Mayo de 2016: Ante la elevada baja de la propuesta económica de URVIUS se le requiere para que justifique su capacidad para ejecutar el contrato en baja temeraria y el Ayuntamiento se la acepta tomando en consideración sus argumentos en relación a la capacidad de ejecutar la obra no en los seis meses previstos, si no en cinco meses.
Junio de 2016: Adjudicación del contrato a URVIOS PRO FORMA en los términos de su propuesta económica de 631.974,36 euros (201.544,97 € por debajo del tipo de licitación).
11 de agosto de 2016: Inicio de las obras, con el acta de replanteo. Conforme a ello la fecha límite de ejecución de las mismas terminaba en 11 de febrero de 2017, si bien la empresa sustentaba su baja económica en la capacidad para terminar la obra un mes antes, es decir, el 11 de enero de 2017.
Octubre de 2016: El PP alerta de la paralización de las obras en el edificio del Banco de España, sin que el equipo de gobierno hubiera informado ni a la oposición ni a la opinión pública de esa circunstancia. Sólo en ese momento el equipo de gobierno informa que la misma se ha parado por decisión unilateral de la empresa por la posible existencia de amianto en el centro de trabajo presencia de amianto en el interior. Aun siendo cierta la presencia del mismo, se podía haber continuado el trabajo en otras unidades de obra; tal y como reconoció la arquitecta municipal en sus informes. El 25 de octubre el equipo de gobierno desestima la petición de la empresa de suspensión de las obras basada en las dudas sobre la presencia de amianto.
Noviembre de 2016: Primera certificación de obras que realiza la empresa con un nivel de ejecución del 6%. En definitiva tres meses después de iniciada la obra y cuando sólo quedaban dos meses para que la empresa cumpliera su compromiso de estar terminada la misma la obra prácticamente no estaba ni iniciada, correspondiendo los gastos de la certificación prácticamente a acopios de material.
Diciembre de 2016: Segunda certificación de ejecución de obra con una declaración de ejecución del 10% cuando escasamente quedaba un mes para la terminación del plazo asumido por la empresa. El Ayuntamiento no realiza ningún tipo de advertencia ni adopta decisión alguna ante esta grave situación.
Enero de 2017: En este mes en que la obra debería estar ya terminada se certifica un grado de ejecución de la obra del 27%, sin que ante esa situación del Ayuntamiento realice advertencia alguna a la empresa.
Febrero de 2017: El 11 de este mes debería haberse acabado la obra por haberse agotado el plazo contractual. Justo antes de ese momento se tiene conocimiento de que el Alcalde ha recuperado competencias de la Junta de Gobierno para poder conceder a la empresa dos días antes de esa fecha límite una prórroga de dos meses, de los que uno se considera justificado y otro con las sanciones que contempla el contrato que une a Ayuntamiento y Constructora. El grado de ejecución de la obra a final de ese mes y ya fuera del plazo contractual inicial era del 33%.
Tal como consta en el expediente de este asunto a finales del mes, la dirección de obra y la constructora se reúnen en un hotel de la ciudad para pactar unos posibles precios que mejoren los del proyecto en que se basa el contrato y se valora la posible concesión de la empresa de un modificado siempre que no supere el límite máximo del 10% adicional el importe económico inicial del contrato.
El 8 de marzo de 2017: De nuevo es el alcalde y no la Junta de Gobierno, que era la competente para este contrato, quien autoriza a la dirección de obra para elaborar un proyecto modificado que deberá ser presentado en el plazo de un mes.
El 23 de marzo de 2017: La empresa contesta de manera contraria al modificado, entre otros motivos por considerar que el Ayuntamiento ha introducido modificaciones en la ejecución de la obra, así como por deficiencias en el proyecto y adelantan su intención de formular solicitud de resolución por mutuo acuerdo del contrato.
El 31 de marzo de 2017: se presenta la propuesta del proyecto modificado por el Director de las Obras con nuevos precios de modo que el precio inicial del contrato se eleva prácticamente en un 10% más, dándose traslado al contratista para su conocimiento. La última certificación, de ese mes informa de un estado de ejecución del 37%.
6 de abril de 2017: La empresa pide la suspensión de obras y la concesión de una ampliación del plazo mientras valora el proyecto modificado que se le había presentado. La empresa argumenta que las alteraciones que hay que introducir en la obra realmente suponen más del 10% del precio del contrato, lo cual la habilita para pedir la resolución del contrato por lo que solicitan el acuerdo del Ayuntamiento para que se tenga por extinguido el contrato.
11 de abril de 2017: La Junta de Gobierno desestima la solicitud de suspensión del plazo de ejecución e inicia un nuevo expediente sancionador y le concede graciosamente un nuevo plazo de 45 días para terminar las obras, señalándose el fin de las mismas en la fecha límite del 26 de mayo de 2017.En el mes de abril no se presenta certificación alguna de obra debiendo entenderse que la misma está de hecho parada y continuando su grado de ejecución en el 37%.
8 de mayo de 2017: Se aprueba el modificado de un 9,95% y se conceden tres meses más de prórroga, elevando el plazo de finalización de los trabajos hasta agosto de 2017. En el momento actual no se ha presentado certificación alguna de obra adicional debiendo entenderse que la misma continúa parada y en un grado de ejecución en el 37%.
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