La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora de manera positiva el descenso en el número de parados publicado este jueves, "porque se alivia la situación de dificultad de muchas familias". No obstante, CSI-F pide al Gobierno que modere su lectura triunfalista, y advierte que “no puede estar satisfecho hasta que no se consolide con claridad una tendencia positiva y estructural en la creación de empleo de calidad y estable, acorde a las necesidades del país”. En lo que se refiere al sector público, CSI-F da la voz de alarma porque en el último trimestre las administraciones públicas se quedan al margen de la creación de empleo generalizada y se frena (-400 empleos públicos) el tímido crecimiento que se empezó a experimentar desde el cuarto trimestre de 2013.
Según la EPA, el número de ocupados se sitúa en 2.956.300 y las plantillas de la administración arrastran un déficit de 347.300 puestos de trabajo perdidos desde finales de 2011, cuando empezó la sangría en nuestras administraciones públicas, como consecuencia de los ajustes del Gobierno. Además, a lo largo de los dos últimos años, la tasa de temporalidad en la administración se ha disparado hasta alcanzar el 21,5 por ciento, con 637.600 trabajadores temporales, mientras que hace dos años esta cifra se situaba en 564.500.
En opinión de CSI-F, “el Gobierno está realizando una reestructuración perversa de nuestro modelo de administraciones públicas, mediante la eliminación de puestos de trabajo del personal que se jubila y la creación de plazas temporales y precarias”. Por tanto, si el Gobierno quiere que la negociación colectiva que se acaba de poner en marcha llegue a buen puerto, "debe impulsar un plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario y de manera estable, con una oferta pública que cubra como mínimo el 100 por cien de las plazas que se jubilan", reitera CSI-F.
En cuanto a la Junta de Castilla y León, CSI-F llama la atención sobre la pérdida de población activa, que ensombrece los datos de reducción de paro. Además, CSI-F reclama que la administración regional impulse las políticas activas de empleo pendientes.
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