El reciente cierre de la Oficina de Atención al Consumidor(OMIC) de Valladolid, hace tres semanas, y la de Palencia, a principios de esteaño, ha alertado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),que teme que puedan extenderse los cierres de estas oficinas, y que exige elmantenimiento y la potenciación de los servicios de defensa del consumidor.
CSIF explica que la nueva distribución de competencias, quese produjo a raíz de la publicación de la Ley 27 /2013, de 27 de diciembre, deracionalización y sostenibilidad de la administración local (BOE de 30 dediciembre), que modifica la Ley de Bases de Régimen Local (art. 25.2 entreotros), y que busca no duplicar servicios y recursos públicos, deja a los ayuntamientossin competencias propias en materia de consumo, dejándoselas en exclusiva a laadministración autonómica.
CSIF considera que la importante y reconocida labor deinformación y mediación que se está realizando en estas Oficinas de Atención alConsumidor (OMIC), por parte de los ayuntamientos, “poco a poco puede irdesapareciendo en todos los ayuntamientos, al no estar ya obligados por ley aprestar este servicio”. Hay que recordar que la OMIC de Valladolid atendía auna población cercana a los 300.000 habitantes, y la de Palencia a unas 80.000.En este sentido, CSIF destaca el papel de estas oficinas, muy conocidas y muycercanas al ciudadano, “que lamentablemente podrían ir desapareciendo”.
Para CSIF, esta nueva distribución de competencias no mejorala protección al consumidor, ya que no lleva aparejada una mejora de medioshumanos y materiales del servicio. Por ello, reclama una revisión integral deuna competencia -la protección al consumidor- que ahora es enteramenteautonómica. Remarca que es un servicio esencial para la ciudadanía, y que hay quedotarlo de más recursos y personal, reconociendo adecuadamente la labor querealizan los escasos profesionales de este servicio de protección alconsumidor. Actualmente, en Ávila hay 4 inspectores de consumo, en Burgos 4, enLeón 7, en Palencia 2, en Salamanca 4, en Soria 1, en Valladolid 7 y en Zamora3.
Se han convocado cuatro plazas para este cuerpo, y se estánegociando para la próxima oferta de empleo público 7 nuevas plazas, pero son“claramente insuficientes”, pues están destinadas a paliar las bajas porjubilación que se están produciendo, no a incrementar las plantillas.
Además, CSIF afirma que la defensa del consumidor no recaeexclusivamente en el cuerpo de inspectores de consumo. Los jefes de sección,los instructores y el personal administrativo también son parte fundamentalpara desarrollar la competencia de consumo, y “también es un personal muyescaso. Por ejemplo, en Valladolid desde el pasado mes de septiembre no hay personaladministrativo. CSIF se ha puesto en contacto con la Consejería de Empleo e Industria,competente en la materia, y nos ha transmitido que subsanará lo antes posibleesta incidencia, que permitirá a los inspectores liberarse de algunas tareasburocráticas, y filtrar y distribuir las llamadas entrantes con petición deinformación”, indica.
El sindicato independiente vuelve a pedir, como ha hechodurante los últimos 10 años, “que se trate dignamente esta competencia esencialpara todos los ciudadanos, que se actualice la Ley 2/2015, de 4 de marzo, porla que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y
León, que tiene puntos francamente mejorables, y que se dotey se reconozca -en su justa medida- a los profesionales que se dedican aproteger la salud, la seguridad y los legítimos derechos económicos de loscastellanos y leoneses.