Así lo ha solicitado el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, en un escrito remitido a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a la que le pide que realice las actuaciones oportunas ante el Consejo Interterritorial de Sanidad, para proceder a esa vacunación, en caso de que esta petición exceda las competencias de la Consejería.
CSIF insiste en que los funcionarios y personal laboral de Justicia -unos 2.500 en la Comunidad- constituyen uno de los servicios esenciales de Castilla y León, ya que se ocupan de salvaguardar los derechos y garantías públicas y de los ciudadanos.
Si ya en la primera declaración del estado de alarma, la Administración de Justicia se mantuvo abierta, es decir, los juzgados y demás edificios jurisdiccionales; y también fue la primera en iniciar la fase de desescalada, es lógico que reciban un trato preferente dentro de la estrategia de vacunación, por el riesgo que tienen esos funcionarios de ser contagiados, por el continuo contacto que mantienen con ciudadanos “en el cumplimiento de su trabajo y su deber”.
Y lo mismo cabe decir de los trabajadores de Correos, también considerado un servicio esencial durante el Estado de Alarma.
“Pero a la vista de que nada se ha hecho, hasta el momento, para favorecer esa priorización”, CSIF ha elevado la petición a la propia Consejería de Sanidad, “ya que no es adecuado que a los empleados de Justicia y de Correos se les incluya dentro de los grupos generales de población”.
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