La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, planteará en Valladolid los días 7 y 8 de mayo, en su III congreso nacional de Educación, la convocatoria de movilizaciones en toda España para obligar al Gobierno a que salga de su parálisis e impulse las reformas estructurales que necesita nuestro sistema educativo y aporte estabilidad impulsando un Pacto de Estado.
Las comunidades autónomas, por su parte, también se han contagiado de este inmovilismo y se escudan en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para revertir los refuerzos de medios y personal implantados durante la pandemia e incumplir sus compromisos en materia educativa. Esta situación ya está generando movilizaciones en diferentes comunidades autónomas como Madrid (donde hay convocada una huelga de docentes para este miércoles 8 de mayo), en Andalucía, Comunidad Valenciana o Asturias.
CSIF analizará esta situación durante su III congreso nacional de Educación y debatirá las reformas estructurales que necesita nuestro sistema educativo ante la situación política, la inestabilidad parlamentaria y la inacción tanto del Ejecutivo como de las comunidades autónomas.
FRENO AL PLAN DE REFUERZO EN MATEMÁTICAS Y COMPRENSIÓN LECTORA
De entrada, la prórroga de los Presupuestos Generales ha provocado un parón en la negociación de reformas -incluyendo el Estatuto del Docente- y ha frenado el plan de refuerzo escolar en matemáticas y comprensión lectora anunciado por el Gobierno en enero.
Mientras tanto el personal docente sigue sobrepasado por exceso de burocracia, falta de financiación, pérdida retributiva (un 6 por ciento menos en los dos últimos años tras el acuerdo firmado entre el Gobierno, CCOO y UGT) y un exceso de niños por clase.
Así, todavía siguen vigente las ratios de la LOGSE de 1990 (25 niños en primaria, 30 en secundaria y 35 en la ESO) y las comunidades autónomas están revirtiendo de manera progresiva los refuerzos implantados en pandemia, pese a las promesas tanto de autonomías como del Gobierno central de reducir la proporción de alumnos por clase.
De esta manera, la tasa de interinidad en el profesorado todavía roza el 25 por ciento y hay un déficit de plantilla de 43.700 docentes, como consecuencia del recorte en las ratios. Por su parte, las oposiciones para docentes convocadas para finales de junio tampoco contribuirán a descongestionar la situación por la disparidad de criterios (algunas son de estabilización y otras de reposición).
En cualquier caso, CSIF avisa de que no se cumplirá el objetivo de llegar al 8 por ciento de interinidad a 31 de diciembre.
Por otro lado, nuestros docentes padecen la falta de autoridad en las aulas, con situaciones de amenazas y agresiones, con situaciones de conflicto inaceptables en nuestras aulas.
La situación tampoco ha mejorado en la universidad pública más de un año después de la entrada en vigor de la ley de Universidades: falta financiación para renovar y estabilizar las plantillas, y seguimos sin Estatuto de Personal Docente e Investigador (EPDI).
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