Ante el problema que se avecina de falta de agentes de Policía Local en el Ayuntamiento de Valladolid, por la aplicación -desde el pasado 2 de enero- del Real Decreto sobre jubilación anticipada, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Valladolid a que pongan las medidas necesarias para asegurar la formación básica exigida y necesaria de los policías locales seleccionados ya para cubrir nuevas plazas.
Bien a través de un acuerdo con el propio Ayuntamiento, tal y como prevé el artículo 3 de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías Locales de Castilla y León, como ya ha solicitado el Ayuntamiento de Valladolid; o, en el caso de no alcanzarse ese acuerdo, a través de un curso en la Escuela Regional de Policía Local.
CSIF exige que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente amplíe el número de alumnos en el curso previsto de formación, y organice un curso extraordinario para policías locales en el segundo semestre de 2019, en la Academia Regional de Policía que está en la de la Policía Nacional de Ávila, para posibilitar la incorporación de nuevos policías locales en Valladolid, antes de finalizar el año 2019.
Así lo ha solicitado el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Carlos Hernando, en un escrito remitido a la Consejería de Fomento, recordando que en el Ayuntamiento de Valladolid ya hay más de setenta solicitudes de jubilación anticipada (el plazo de peticiones finaliza el 31 de enero). Hernando estima que en el primer trimestre del año ya dejarán de estar en activo medio centenar de policías locales en Valladolid. Una reducción de agentes que en toda Castilla y León sumarán hasta unos 600 a lo largo de 2019, y que suponen entre el 20 y el 25% de muchas plantillas de capital de provincia, aumentando ese porcentaje en otras poblaciones.
“Una formación imprescindible que tiene que acelerarse tanto para el Ayuntamiento de Valladolid como para todos los municipios de la Comunidad, puesto que el problema es extensivo a todos ellos, en los que se está tramitando la jubilación de cientos de policías locales”, recalca Carlos Hernando.
CSIF remarca, en palabras del responsable autonómico de Seguridad en CSIF Castilla y León, Valentín Martínez, que este sindicato ya venía advirtiendo “desde hace año y medio de que esta situación de falta de policías locales que ahora se evidencia y se hace real iba a llegar”. CSIF exige a la Junta de Castilla y León a que “se prepare suficientemente, para que la academia regional de los policías locales no tenga problemas, y pueda atender los cursos de formación que necesiten los nuevos agentes que salgan de las futuras ofertas públicas de empleo, para que de una forme efectiva, y cuanto antes, puedan ocupar las plazas en sus municipios”.
CSIF pide a los ayuntamientos “que no pierdan el tiempo y que aceleren el refuerzo de plantillas de agentes locales con nuevas ofertas de empleo público, agrupando las ofertas de 2018 y 2019”. Carlos Hernando afirma que “ni en el municipio de Valladolid ni en ningún otro de la Comunidad puede ponerse en riesgo la seguridad del ciudadano”.
Alerta de que unos 480 policías locales de Castilla y León, que tienen 59 años, podrían jubilarse anticipadamente en el momento de entrada en vigor del Real Decreto que la regula, a partir del próximo dos de enero, una cifra que puede aumentar hasta los 550-600 agentes a lo largo de 2019, y que suponen entre el 20 y el 25% de muchas plantillas de capital de provincia, aumentando ese porcentaje en numerosas poblaciones. CSIF insta a los ayuntamientos a que aceleren el refuerzo de plantillas de agentes locales con nuevas ofertas de empleo público, acumulando las ofertas de 2018 y 2019.
Asimismo, CSIF insta a la Junta de Castilla y León a que se prepare suficientemente, para que la academia regional de los policías locales no tenga problemas, y pueda atender los cursos de formación que necesiten los nuevos agentes que salgan de las futuras ofertas públicas de empleo, para que de una forme efectiva puedan ocupar las plazas en sus municipios.
El sindicato independiente explica que ya viene advirtiendo desde hace año y medio de esta situación, y pidiendo a los ayuntamientos que se anticipasen a la aprobación del Real Decreto (R.D) sobre jubilación anticipada voluntaria de la policía local , que “incomprensiblemente”, la tenía retenida el exministro Montoro en Hacienda. Finalmente, el esperado Real Decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado día 15 de diciembre, “consumándose así un trabajo de más de una década y numerosos procesos administrativos, hasta llegar a ser declarada la de policía local como profesión de riesgo, al igual que el resto de los cuerpos y seguridad de Estado, según CSIF. “Culminamos así la consecución de un derecho justo para los policías locales de España, pero también se asegura más la seguridad de todos los ciudadanos, ya que un agente con más de 60 años en las calles no cuenta con las aptitudes físicas y psicológicas para enfrentarse a las diferentes situaciones policiales”, valora.
CSIF pide a la Seguridad Social que agilice los trámites administrativos pertinentes para facilitar la jubilación “ya mismo, a los policías que, por desgracia, ya han perdido varios años, a la espera de la aprobación del Real Decreto”.
El censo de policías locales de 2015, realizado por la Junta de Castilla y León, indica que las plantillas de agentes locales en las capitales de provincia de la Comunidad son: 95 en Ávila, 241 en Burgos, 216 en León, 117 en Palencia, 257 en Salamanca, 102 en Segovia, 60 en Soria, 448 en Valladolid y 104 en Zamora. Estos datos son de puestos ocupados, habiendo unos porcentajes entre el 10 y el 15% de puestos vacantes con respecto a las RPTs (Relación de Puestos de Trabajo). El número de policías locales en toda la Comunidad asciende a unos 2.400 policías, dando una ratio efectiva de población de 1,41 policías por cada mil habitantes.
El Real Decreto se ha modificado del proyecto en un solo condicionante, que es la obligatoriedad que tienen los agentes de comunicar, antes del 31 de enero, la voluntad de acogerse a la jubilación anticipada con fecha exacta, a fin de que los ayuntamientos puedan confeccionar anualmente la nueva oferta pública de empleo. CSIF también quiere destacar que esta jubilación anticipada no va a costar más dinero público y que, por el contrario, va a ser un revulsivo para generar nuevo empleo.
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