CSIF Zamora intensifica sus protestas por la asistencia sanitaria de MUFACE y las condiciones laborales de los empleados públicos

CSIF Zamora se ha concentrado este lunes frente a la subdelegación del Gobierno

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Rosa Herrero, presidenta de CSIF Zamora
Rosa Herrero, presidenta de CSIF Zamora

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tras la masiva manifestación celebrada el pasado sábado 14 de diciembre ante la Dirección General de MUFACE en Madrid, en la que participaron unas 40.000 personas de todas las comunidades, entre ellas 2.500 de Castilla y León, ha continuado con sus movilizaciones este lunes 16 de diciembre. La protesta, que se ha centrado en la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, así como en la defensa de la asistencia sanitaria de MUFACE. 

CSIF Zamora se ha concentrado en la gélida mañana de este lunes en la plaza de la Constitución de Zamora frente a la subdelegación del Gobierno para defender la asistencia sanitaria de MUFACE, que deja ya casos "muy preocupantes en Zamora", ya que incluso una paciente oncológica ha visto como se le negaba la realización de un TAC tal y como ha relatado la presidenta del sindicato en Zamora. 

Rosa Herrero, presidenta de CSIF Zamora, subrayó en su intervención que la organización mantiene su compromiso de movilizarse para "dignificar la labor de los empleados públicos". Entre sus demandas prioritarias, destacó la necesidad de incrementar las plantillas y reactivar la negociación en la Mesa de Función Pública. Herrero también hizo hincapié en la importancia de establecer un sistema retributivo justo, adaptado a las necesidades actuales, denunciando las desigualdades salariales entre los empleados públicos de la Administración General del Estado y los de las administraciones locales.

El sindicato ha utilizado todas las vías legales para respaldar sus reivindicaciones, incluyendo la presentación de una iniciativa legislativa popular en 2023, que fue rechazada por el Gobierno. No obstante, un reciente fallo del Tribunal Constitucional dio la razón a CSIF, obligando al Congreso a iniciar los trámites para reconocer ciertos derechos fundamentales de los empleados públicos, lo que supone un avance de gran relevancia jurídica y social.

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