El Defensor del Pueblo de CyL trabaja a distancia y “con especial dedicación” a la solución de los graves problemas provocados por el coronavirus

Ha iniciado varias actuaciones de oficio sobre la situación de las residencias de ancianos y de discapacitados, sobre la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos para evitar la contaminación por coronavirus, así como otra dirigida a las Universidades para que, coordinadas debidamente, aporten el talento y los medios de que disponen para investigación.

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Desde el pasado 16 de marzo, la actividad del Procurador del Común se viene desarrollando mediante teletrabajo. Por ello creen que es importante saber que durante el tiempo que dure la situación de emergencia sanitaria, como fue anunciado en su momento a través de los medios de comunicación, no se reciben quejas de forma presencial, sin perjuicio de que puedan seguir presentándose por otros medios, según se indica en la página web de la Institución y, en todo caso, se sigue atendiendo a los ciudadanos que lo deseen en el número de teléfono 987270095.

A lo largo de estas semanas, además de continuar con la tramitación y resolución de las quejas que de forma habitual se reciben en la Institución, han sido numerosas las quejas relacionadas con la situación producida por el Covid-19, donde destacan las relacionadas con la prevención de riesgos laborales, el servicio público de sanidad y los servicios sociales, así como, en los primeros días sobre todo, hasta el cierre total de los centros docentes, también las relativas al servicio público de educación. Estas quejas afectan a amplios colectivos de ciudadanos.

Más allá de la recepción de las quejas presentadas por parte de los ciudadanos o de algunos representantes de intereses sectoriales o corporativos, la Defensoría ha promovido diferentes actuaciones de oficio tratando de buscar soluciones a algunos problemas derivados de la pandemia que padecemos.

Así, entre otras iniciativas, en los últimos días ha actuado para llamar la atención de las administraciones correspondientes sobre la necesidad de que los trabajadores de las residencias de mayores o de personas con algún tipo de discapacidad cuenten con las medios de protección adecuados para prevenir el contagio; también en relación con estos mismos recursos, ha alertado a los ayuntamientos, en cuyos términos municipales radiquen residencias, de la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos para evitar la contaminación por coronavirus; ha incidido en la oportunidad de aprovechar el tejido industrial de la Comunidad para producir a la máxima urgencia los bienes necesarios para atender las necesidades de los hospitales y, en general, de la población.

Pero no sólo eso, sino que también ha llamado a las Universidades, coordinadas debidamente, para que aporten el talento y los medios de que disponen los equipos de investigación con la misma finalidad; se ha ocupado también de los menores de familias en las que los progenitores se hallan afectados por el Covid-19 y, por ello, hayan de guardar cuarentena; en fin, también ha solicitado que, pese a las previsiones de la norma que declara el estado de alarma, no se paralice la tramitación de los procedimientos de reconocimiento de la renta garantizada de ciudadanía, en la medida en que los solicitantes se hallan en situación de necesidad a la espera de una pronta resolución.

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