El Defensor del Pueblo documenta los casos de abusos sexuales en la Iglesia ocurridos en Zamora

Alrededor de 236.000 personas han sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso, lo que supone un 0,6% de la población española mayor de 18 años. Estos datos se desprenden de la encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. 

Una encuentra que subyace del Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Encuentra que fue encargada hace un año y medio por parte del Congreso de los Diputados y que se entregó el pasado viernes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. 

El informe del Defensor del Pueblo recoge un único caso en el seno de la diócesis de Zamora entre 1980 y 1999. En este caso, los abusos se llevaron a cabo por parte de un sacerdote, del que no se han aportado datos sobre el agresor que cometió los abusos. 

La víctima fue un varón menor de edad que sufrió los abusos durante la década de los 80, más concretamente en Toro. Este caso llegó a la diócesis de Zamora el pasado tres de marzo de 2022 y fue comunicado por la Fiscalía, y posteriormente se dio a conocer públicamente por parte del propio órgano zamorano. 

"La fiscalía nos dio los datos del sacerdote y de la supuesta víctima y nos dijeron que ocurrió en Toro en los años 80", tal y como expresó en su día en rueda de prensa, el director de Comunicación de la diócesis de Zamora, Juan Carlos López. 

Fue entonces cuando se comprobó que tanto agresor como víctima habían coincidido en el lugar y la fecha que expresó la Fiscalía. Sin embargo, el pasado siete de abril del 2022, la Fiscalía comunicó el archivo de la causa por diferentes razones. 

El archivo de la causa por parte del órgano fiscal versó en la falta de indicios, la prescripción del delito y que el acusado de los abusos ya había fallecido. La diócesis de Zamora evitó dar más datos públicamente puesto que no se ha recibido la información detallada y directa por parte de la presunta víctima y se desconoce si quiere que se haga público o no. 

La Oficina de Protección de Menores y Personas Vulnerables de Zamora recogió dos casos 

El informe hecho público el pasado viernes también recoge la creación de las oficinas de Protección de Menores y Personas Vulnerables de las diferentes diócesis de España. En este sentido se recoge la fecha de creación de la oficina de Zamora el pasado 27 de julio del año 2022. 

La motivación de esta oficina y de la propia diócesis de Zamora fue la de generar espacios seguros, ser accesibles, dar voz a la víctima, ponerle en el centro de la actuación y dignificar sus relatos. 

Además del caso de Toro, citado con anterioridad, la diócesis de Zamora si tiene constancia de otro supuesto caso "del que teóricamente tanto acusado como acusador han fallecido y pedimos datos para comenzar la investigación, pero no hemos recibido información alguna", tal y como señaló el director de Comunicación de la diócesis de Zamora, Juan Carlos López. 

Uno de ellos que se dio a conocer en el diario El País el 18 de diciembre de 2021 mediante un mail que hablaba de un supuesto abuso en los años 50 en la parroquia de Toro. “Teóricamente el acusado está fallecido y el acusador también. No hay testigos. Ofrecimos plena colaboración, pero teníamos cierta perplejidad ante la indefinición del relato. Pedimos detalles para comenzar la investigación en base a algo. Pero no hemos tenido noticias desde entonces”, reconocía el director de Comunicación.

La Diócesis de Zamora, entre las pocas sedes con los datos más transparentes frente al Defensor del Pueblo 

El informe del Defensor del Pueblo refleja cómo han sido pocas las diócesis cuyos datos coinciden con el número de casos judicializados del Estado. En este apartado se encuentra la diócesis de Zamora ya que el caso comunicado coincide con los aportados por los órganos judiciales. 

Junto a Zamora el Defensor del Pueblo enumera a las diócesis de Barbastro-Monzón, Cádiz -Ceuta, León, Osma-Soria, Tortosa y Victoria, son junto a Zamora, los únicos órganos diocesanos cuyos casos coindicen con los judicializados, puesto que en otras se han encontrado casos judicializados que no han sido comunicados por ellas mismas. 

Además, la Diócesis se ha mostrado en todo momento colaboradora con el órgano, tal y como reza el propio informando de la revisión completa del "archivo secreto" y el del tribunal eclesiástico, ya que el propio Gabilondo ha asegurado que otros obispos: "Nos han reñido". 

Casi 500 víctimas entrevistadas en todo el informe 

Además, el informe revela que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo. Además de los testimonios directos, han tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la Iglesia y de la investigación del diario El País.

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha mantenido reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) O con el decano del Tribunal de la Rota, entre otras.

A lo largo de sus 777 páginas, el Informe del Defensor, titulado 'Una respuesta necesaria', apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "mucho tiempo" por la "negación", la "minimización" u "ocultación" del problema y denuncia que las víctimas han sufrido incluso "presiones" de representantes de la misma en las que se les "culpabilizaba".

No obstante, también reconoce "buenas prácticas" y "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".

Por otra parte, critica que los poderes públicos carecieron de "procedimientos adecuados" para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que hasta 2021 no se introdujeron mecanismos en todos los centros educativos públicos o privados. La mayoría de casos que se han denunciado, según precisa, pese a ser una pequeña parte del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.