La denuncia por la supresión del tren en Sanabria, admitida por el juzgado
El juzgado ahora sí considera que existen elementos suficientes para iniciar una investigación judicial más profunda
La denuncia presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y diversos colectivos sociales de Zamora —Terras SOStenible, Viriatos Zamora y Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora (AGRYGALZA)— contra la supresión de servicios del AVE en la estación de Otero de Sanabria, ha dado un paso crucial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Zamora ha emitido un Auto (fechado el 10 de junio de 2025) por el que acuerda incoar diligencias previas al observar la posible existencia de un "DELITO SIN ESPECIFICAR", trasladando así el proceso a manos de la Fiscalía.
Este nuevo auto judicial implica un avance significativo para los denunciantes, ya que, a diferencia de la desestimación inicial de su recurso de reforma del 12 de julio de 2025 (relacionado con la medida cautelar), el juzgado ahora sí considera que existen elementos suficientes para iniciar una investigación judicial más profunda. La Fiscalía será la encargada de determinar la naturaleza exacta del presunto delito y las responsabilidades.
"Estamos satisfechos con este auto, que confirma lo que veníamos denunciando: la supresión de estos servicios de AVE va más allá de una decisión administrativa y podría constituir un ilícito penal", han manifestado los representantes de las organizaciones. "Es una victoria inicial para los ciudadanos de Sanabria y la comarca, que ven cómo la justicia toma en serio la gravedad del abandono de un servicio público esencial".
Las organizaciones denunciantes recuerdan que la eliminación de las paradas del AVE de las 8:46 y 9:35 de la mañana (salida desde Otero de Sanabria) y la llegada de las 8:15 horas, supone un grave perjuicio para el acceso a servicios tan fundamentales como la sanidad y la educación en la comarca. Subrayan que la línea de AVE Madrid-Velocidad Española entre Madrid y Zamora, y desde diciembre de 2022, está declarado como Obligación de Servicio Público (OSP), lo que implica una garantía de servicio que, aseguran, Renfe no está cumpliendo, a pesar de recibir compensaciones millonarias del Gobierno.
Los colectivos confían en que la intervención de la Fiscalía y las diligencias previas sirvan para esclarecer los hechos y obliguen a Renfe y Adif a restablecer de inmediato los servicios suprimidos en Otero de Sanabria, garantizando así los derechos fundamentales de los ciudadanos de la comarca y la continuidad de unos servicios públicos indispensables
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