Denuncian que el concierto de Rulo y la Contrabanda en Zamora cuesta tres veces más que en otras ciudades

Este lunes, el grupo parlamentario de Unión del Pueblo Leonés (UPL) registró en las Cortes autonómicas una petición oficial para que la Junta entregue todos los expedientes y documentos relacionados con la contratación de artistas para los conciertos programados en varias ciudades con motivo del Día de Castilla y León de 2025.

Desde la formación leonesista insisten en que los precios acordados “podrían estar inflados” respecto al valor de mercado habitual de los artistas. Según han explicado, tras comparar los cachés abonados por la Junta con los de otros conciertos similares en fechas recientes, han detectado diferencias “notables” en los importes.

Uno de los ejemplos citados es el del artista Juan Magán, por cuya actuación en León se ha presupuestado un gasto de 177.240 euros, mientras que en Gijón cobró 75.000 euros y en Gandía 80.000 euros en conciertos celebrados en 2024.

También señalan el caso de Camela, contratados por 102.564 euros para actuar en Ponferrada, cuando en actuaciones recientes en Madrid, Murcia o Salamanca su caché osciló entre los 52.000 y los 65.000 euros.

En el caso de Rulo y La Contrabanda, UPL denuncia un gasto de 101.924 euros por su concierto en Zamora, mientras que sus actuaciones en otras ciudades como Onda, El Ferrol o Málaga no superaron los 33.000 euros.

Asimismo, mencionan al cantante Nil Moliner, contratado para actuar en Salamanca por 66.550 euros, una cifra superior a los 48.400 euros que cobró en las fiestas de Vitoria-Gasteiz en agosto de 2024.

En total, los conciertos del Día de Castilla y León suponen un gasto de más de 1,3 millones de euros para la Junta, lo que ha llevado a UPL a exigir transparencia. La formación no descarta llevar el caso a la Fiscalía si, tras analizar la documentación, considera que pudiera haber irregularidades en los procedimientos de contratación.

Desde UPL insisten en que esta solicitud no busca únicamente cuestionar el gasto cultural, sino garantizar que los recursos públicos se gestionan con rigor y conforme a la legalidad.