La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado 225infracciones en el cobro de ERTES durante el año 2020, de un total de 2.578inspecciones post-ERTE, un 8,72%, con el objetivo de detectar posibles fraudes.La Inspección realizó, además, otros 11.464 informes previos a su aprobación, ainstancias de la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma.
Los informes realizados engloban tanto expedientes deregulación temporal de empleo por fuerza mayor, 10.380, como expedientes deregulación temporal por causas económicas, técnicas, organizativas o deproducción (ETOP), que son los 1.084 restantes.
Estos datos demuestran que la labor de lucha contra elfraude por parte de la Inspección se realiza, girando visitas a las empresas,confirmando que no hay connivencias para la obtención indebida de prestacionespor desempleo o casos en los que se compatibilice el cobro con el trabajo;pero, al mismo tiempo, también confirman las cifras que el porcentaje de casosde fraude es mínimo.
Por provincias, Burgos, con 78, es la provincia en la que sehan detectado más infracciones, seguida de León, con 57, Valladolid, con 31, ySegovia, con 21. A la cola del ranking se sitúan Soria, con 12, Ávila, con 11casos, Palencia con 7, y Salamanca y Zamora, con 4 casos cada una.
El importe total de estas infracciones fue de 829.346,92euros, además, otros 43.282,28 euros de cuotas de Seguridad Social fueroningresados en las arcas del Estado voluntariamente, mientras que el importehasta el momento de actas de liquidación (lo que no se ha ingresadovoluntariamente) alcanza los 451.999,66 euros.
Durante las 1.808 visitas realizadas por los inspectores alas empresas durante esos meses, se comprobó, por ejemplo, que de los 225 casosde fraude, 33 personas estaban trabajando sin dar de alta en empresas quemantenían trabajadores en ERTE, 63 estaban trabajando al mismo tiempo que cobrabanla prestación, y 53 no habían informado al Servicio de Empleo (SEPE) de ladesafectación del ERTE.
41.459 ERTES, 188.592 personas, 456 millones de euros
En Castilla y León, desde la declaración de estado de alarmay la promulgación del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentesextraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19,hasta el 31 de diciembre de 2020, se han aprobado 41.459 ERTES, incluyendo tanto los de fuerza mayor como los que se fundamentanen causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que afectaron entotal, acumulado de marzo a diciembre de 2020, a 188.592 personas, de las que a31 de diciembre percibieron una prestación por regulación temporal de empleo 47.527.
Por sectores de actividad, de marzo a octubre, el mayorporcentaje de expedientes correspondía al sector servicios, con un 65,3%trabajadores, seguido de industria con un 28,82%. Mayor aún es la afección delsector servicios a partir de octubre, que ha supuesto un 94,89% del total delos ERTES aprobados en Castilla y León, seguido muy de lejos por industria(4,72%), construcción (0,27%) y de forma testimonial, el sector agrario(0,12%).
El importe neto de las prestaciones abonadas en la Comunidaddurante el periodo marzo-diciembre 2020 en concepto de ERTEs alcanzó los 456,5millones de euros, a lo que el Estado suma la aportación de las cotizaciones ala Seguridad Social de cada uno de los beneficiarios, es decir, la exoneraciónde cuotas para las empresas. La prestación, además, se concede conindependencia de las cotizaciones previas del trabajador, es decir, que todapersona incluida en un ERTE tiene derecho a la prestación, con independencia deque hubiera cotizado previamente o no, lo que se conoce como “no exigencia decarencia”.
De la misma manera, las cantidades percibidas no serándescontadas si estas personas quedaran en situación de desempleo en un futuro,es decir, que estos cobros no influyen en el derecho al tiempo de prestaciónpor desempleo que ya se tuviera, en caso de producirse, sino que se percibenmanteniendo a cero el contador del derecho a paro.