Las diputaciones, las administraciones más cumplidoras con las recomendaciones del Consejo de Cuentas

El grado de aceptación de las recomendaciones realizadas en los informes de 2021 fue del 75% (285 de las 380 analizadas), segundo mejor resultado de la serie histórica tras el 81% alcanzado en el anterior ejercicio

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El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León
El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León

El Consejo de Cuentas entregó también el lunes en el Parlamento autonómico el Informe de Seguimiento de las Recomendaciones correspondiente al ejercicio 2021. Este trabajo se realiza desde 2013, siendo por tanto el noveno análisis que se efectúa para determinar si los entes fiscalizados han aplicado adecuadamente las recomendaciones formuladas por el Consejo en sus informes.

El seguimiento se aplica sobre las auditorías realizadas en el año natural precedente. Durante el ejercicio 2021 el Consejo de Cuentas aprobó 31 informes que contenían un total de 385 recomendaciones. En este informe se analizan 380 recomendaciones contenidas en 30 fiscalizaciones, ya que cinco no se incluyen por carecer de destinatario específico.

Las recomendaciones son una consecuencia de las fiscalizaciones. Al no ser vinculantes, su cumplimiento revela por parte de los entes auditados una voluntad de mejora de la gestión de los recursos públicos.

Además, tal como expresan las normas internacionales de auditoría, el seguimiento de las recomendaciones constituye la fase última del ciclo de fiscalización que realizan las instituciones de control externo. Finalmente, con su remisión a las Cortes y la posterior comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas en relación con su contenido, se proporciona una herramienta de transparencia para el ejercicio del control parlamentario que corresponde a la cámara representativa de los castellanos y leoneses.

Conclusiones. El grado de aceptación de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas en 2021 fue del 75% (285 de las 380 analizadas), porcentaje que tiene en cuenta tanto las que han sido cumplidas total o parcialmente como aquellas en las que únicamente se ha manifestado su conformidad.

Este resultado es el segundo mejor de la serie histórica, tras el récord alcanzado en 2020, cuando el grado de aceptación llegó al 81%.

 

 

Por administraciones, el grado de aceptación en las universidades públicas es el 92%; seguidas por las diputaciones con el 78%; los municipios con un 70%; y la Junta de Castilla y León con un 68%.

En la evolución histórica, salvo casos puntuales, todas las administraciones están por encima del 50% de recomendaciones aceptadas en los últimos años. En el caso de los municipios. que en 2020 alcanzaron una aceptación del 94%, este año bajan 24 puntos porcentuales como consecuencia de la introducción de los informes de auditoria informática, que exigen para su cumplimiento que los ayuntamientos dispongan de un personal altamente cualificado con el que todavía no cuentan.

En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, se considera que han sido aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 194 de las 380 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 51%. Se ha producido un descenso de cuatro puntos porcentuales respecto del 55% (101 de 186) obtenido en 2020.

En términos absolutos, en el acumulado de los nueve años en los que se lleva realizando este informe, han sido aplicadas, total o parcialmente un total de 862 recomendaciones de las 1.820 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 47% para todo el periodo 2013-2021.

En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las administraciones analizadas; las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo, 67% (124 de 186); la Junta de Castilla y León, 38% (23 de 61); los municipios, 37% (40 de 108); y las universidades, 28% (7 de 25).

Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año no varía sustancialmente. En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 43% (9 de 21) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanza el 52% (185 de 359).

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, es inferior al año anterior. La evolución experimentada es la siguiente: un 20% en 2014, un 22% en 2015, un 22% en 2016, un 32% en 2017, un 31% en 2018, un 60% en 2019, un 48% en 2020 y un 38% en 2021, que supone 10 puntos menos que el año anterior, si bien se mantiene un porcentaje de cumplimento superior a la mayoría de los años evaluados.

Junto al grado de cumplimiento íntegro o parcial de las recomendaciones, es destacable el 24% que representan las 91 recomendaciones que, no habiendo sido todavía aplicadas a la fecha de realización del informe, el ente fiscalizado ha tomado en consideración por estar de acuerdo con su contenido. Debe tenerse en cuenta que, según cada caso, los trámites a seguir para poder cumplir una recomendación pueden requerir plazos más amplios.

Como en anteriores informes, el Consejo de Cuentas valora positivamente las mejoras introducidas mediante la aplicación de las recomendaciones, si bien insta a la puesta en práctica de las no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.

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