La diócesis de Zamora realizaba este viernes un balance del trabajo desarrollado por la Oficina de Protección de Menores y Personas Vulnerables que se puso en marcha meses atrás a instancias del Papa. El Obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, la delegada episcopal de Protección del Menor, María Jesús Sánchez Sanz, y el director de Comunicación de la diócesis de Zamora, Juan Carlos López, fueron los encargados de dar todo tipo de detalles para certificar la transparencia de la institución en este aspecto.
El obispo de Zamora explicaba: “Todos debemos ser proactivos en este tema y mostramos nuestro compromiso con los más débiles. Seguiremos poniendo todo lo que esté en nuestra mano para la reparación de los daños. Condenamos rotundamente cualquier tipo de abuso y por eso siempre colaboraremos. Aunque a efectos jurídicos haya prescrito mostraremos tolerancia cero contra el delito”, comentaba de forma tajante Fernando Valera.
Por su parte, la delegada episcopal de Protección del Menor, María Jesús Sánchez Sanz, también ponía en valor el paso adelante que ha dado la iglesia en este tema: “La iglesia ha realizado una iniciativa única y pionera. Estos casos se han dado en nuestra casa pero no es el único sitio donde suceden. La iglesia se lo está tomando en serio y es un modelo para que otras administraciones tomen nota”, comentaba, a la vez que agregaba: “Queremos llegar a toda la diócesis desde el ámbito pastoral hasta el ámbito del tiempo libre.
La motivación de esta oficina y de la diócesis en general es la de “generar espacios seguros, ser accesibles, dar voz a la víctima, ponerle en el centro de la actuación y dignificar sus relatos”, comentaban María Jesús Sánchez y el director de Comunicación de la diócesis de Zamora, Juan Carlos López.
Precisamente, López desgranaba los dos casos de los que han tenido constancia. Uno de ellos que se dio a conocer en el diario El País el 18 de diciembre de 2021 mediante un mail que hablaba de un supuesto abuso en los años 50 en la parroquia de Toro. “Teóricamente el acusado está fallecido y el acusador también. No hay testigos. Ofrecimos plena colaboración, pero teníamos cierta perplejidad ante la indefinición del relato. Pedimos detalles para comenzar la investigación en base a algo. Pero no hemos tenido noticias desde entonces”, reconocía el director de Comunicación.
El segundo caso llegó desde la Fiscalía: “Nos llegó el 3 de marzo desde Fiscalía. Nos dieron los datos del sacerdote y de la supuesta víctima y nos dijeron que se dio en Toro en los años 80. Comprobamos que efectivamente ambos habían coincidido como decía la Fiscalía. Con fecha 7 de abril, la Fiscalía nos comunica el archivo de la causa por varias razones: falta de indicios, prescripción y fallecimiento del acusado. No hemos recibido la información detallada y directa de la presunta víctima y hasta que eso no ocurra no sabemos si quiere que se haga público”.
Tras eso, zanjaba: “Nuestra voluntad es escuchar siempre a la presunta víctima, reunir datos útiles para construir un relato verosímil. Les hemos facilitado un acceso directo para atenderles en lo que sea necesario”, recordando que en ninguno de los dos casos mencionados la oficina ha tenido datos concretos dado que las posibles víctimas no han querido utilizar esos cauces.
Por último, en la rueda de prensa también se presentó la ‘Guía de buenas prácticas’ que ha elaborado la diócesis para implementar en toda su estructura e incluso ofreciendo a los colegios a que usen el servicio de formación creado por esta institución.
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