Ecologistas zamoranos se desplazan al Congreso ante el "silencio administrativo" de proyectos eólicos

Las principales entidades ecologistas y el conjunto de la población rural afectada pierden la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones.

Imagen de la representación a las puertas del Congreso
Imagen de la representación a las puertas del Congreso

El pasado martes 24 de enero, en sesión extraordinaria, el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley 20/2022. Los artículos 22 y 23 de este RDL permiten que los MACRO proyectos de renovables de más de 50 MW no estén sujetos a ninguna evaluación ambiental y su aprobación por silencio administrativo.

Representantes de 451 entidades ciudadanas de todas las comunidades autónomas, agrupadas entorno al movimiento macrorenovablesNO.org, han acudido a la escalera del Congreso a expresar su negativa a estos artículos y entregar un documento conjunto a todos los diputados. Los diputados que han acudido a la cita y han escuchado sus reivindicaciones en un acto de solidaridad y responsabilidad con el medio natural y rural han sido: Por Unidas Podemos han participado: José Luis Bueno Pinto, Antón Gómez-Reino, Marisa Saavedra, Txema Guijarro, Juantxo López de Uralde y Enrique Santiago. Por parte del BNG: Néstor Rego. Por Compromís: Joan Baldoví. Por CUP: Albert Botrán. Por EH BILDU: Oskar Matute. Por Teruel Existe: Tomás Guitarte, y por Verdes EQUO: Héctor Tejero.

El movimiento macrorenovablesNO.org lucha por la justicia climática, y apoya una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización de las zonas ya antropizadas, y las comunidades energéticas, dentro de un modelo energético distribuido y justo. Advierten que el modelo a escala macro que está desplegando el Ministerio de Transición Ecológica en la actualidad favorece exclusivamente a las multinacionales y anula los derechos de la ciudadanía, agrava la despoblación, y pone en peligro la biodiversidad. Manifiestan que pone en peligro su modo de vida y sus actividades, así como el patrimonio ambiental y cultural de estos territorios.

El Real Decreto 20/2022 no se ajusta a las normativas europeas. Vulnera el Convenio de Aarhus de participación ciudadana y priva incluso a las principales entidades ecologistas de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones. La aprobación del Reglamento europeo 2022/2577 del pasado 22 de diciembre, precisamente establece la necesidad previa de una zonificación y de una evaluación medioambiental estratégica. Condiciones cruciales que han sido obviadas en este Real Decreto 20/2022 

La desprotección ambiental, la inseguridad jurídica y el agravio comparativo están servidos.

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