Las organizaciones representativas en Castilla y León de la Plataforma Más Plurales alertaron en los últimos días que el futuro de la supervivencia de la educación concertada es "oscuro" si sale adelante la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como la Ley Celaá, en referencia a la ministra de Educación. De ahí la decisión de lanzar la campaña 'Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos' que ha comenzado a recoger firmas contra el proyecto de ley y todos los miércoles realizará concentraciones en los colegios, además del reparto de lazos naranjas y la previsión de realizar una manifestación de vehículos.
El secretario autonómico de Escuelas Católicas, Leandro Roldán, aseguró que la Ley Celaá vulnera derechos reconocidos en la Constitución como la libertad de enseñanza, además de promover la reducción "progresiva" del modelo de educación concertada y atentar contra la pluralidad del sistema educativo, "clave" en una sociedad democrática. Cargó contra la imposición de un modelo de educación "único", "estatal" y "laico" que pondrá fin al equilibrio actual entre ambos modelos.
En representación de los centros (Escuelas Católicas y Confederación Española de Centros de Enseñanza), asociaciones de padres (Concapa), sindicatos (Fsie y Feuso) y otras entidades vinculadas a la escuela concertada, Roldán criticó que el proyecto de ley se haya tramitado sin consenso y se ha eliminado el debate parlamentario pero también el social, lo que consideró "imperdonable" en una ley educativa. En este sentido, añadió, según recogió la Agencia Ical, que rechaza "cualquier" intento de alcanzar un Pacto de Estado por la educación. "Se trata de una muy mala ley, en todo y sin excepción. No es el momento de tramitar una ley en plena pandemia, entre estados de alarma; no son las formas y no es contenido apropiado", significó.
La Plataforma Más Plurales representa en Castilla y León a más de 100.000 alumnos, miles de familias, más de 10.000 profesionales y 200 centros educativos. En definitiva, el 30 por ciento de la educación de la Comunidad . “Pedimos esa continuidad de la pluralidad de nuestro sistema educativo actual porque no podemos quedarnos impasibles ante una ley fuertemente intervencionista", aseguró.
En este sentido, la plataforma cargó contra la planificación de los puestos escolares por parte de la administración que contempla la ley, que permitiría fijar las plazas vacantes para cubrir primero la red público y, luego, si sobran alumnos que sean derivadasoa a los centros concertados.
Entre el listado "interminable" de agravios, el portavoz de Escuelas Católicas citó que la Lomle posterga, "aún más", la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, e impone una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, como una “educación para la ciudadanía” rediviva. También, advirtió que limita las funciones de gobierno de los centros concertados y de su titular, con lo que eso conlleva de riesgos a no garantizar o poner frenos al desarrollo del ideario, que es la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. Además, apuntó que la incorporación de nuevo del concejal del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de los centros concertados, solo puede entenderse como la pretensión de la intromisión de un "comisario político". Otra de las denuncias es que la Ley Celaá posibilita la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, por la administración, para, "supuestamente", evitar la segregación educativa.
La educación concertada alerta que el futuro de la supervivencia de su modelo es "oscuro" con la Ley Celaá
Organizaciones comienzan la recogida de firmas y anuncian concentraciones en los colegios todos los miércoles, tras finalizar las clases.
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