Empresa Familiar exige medidas urgentes para acabar con la huelga del transporte

La organización empresarial solicita el cese inmediato de la violencia y las coacciones de los piquetes violentos.

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Segundo día de protestas de los transportistas zamoranos Foto María Lorenzo (14)
Segundo día de protestas de los transportistas zamoranos Foto María Lorenzo (14)

La asociación Empresa Familiar de Castilla y León solicitó hoy la adopción de medidas urgentes que pongan fin a la huelga de transporte para evitar que "un gran número" de empresas afectadas por este paro tengan que cesar en su actividad de modo obligatorio en los próximos días en el caso de que la situación persista.

En un comunicado, EFCL exigió también el cese inmediato de la violencia y las coacciones de los piquetes violentos hacia el sector del transporte, para permitir que sigan trabajando a aquellos transportistas que así lo decidan.

Según destacaron los empresarios familiares, las empresas de Castilla y León se encuentran en un momento "muy tensionado" tras la crisis sanitaria, seguida de la falta de suministros, inflación y la alarmante subida del coste de la energía.

Asimismo, alertaron que además se están produciendo tensiones "muy fuertes" de tesorería por incrementos de producción que no se pueden vender y que también están generando subidas de costes, debido a la falta de espacio físico para almacenar esta mercancía.

No obstante, expresó que comprende la posición de los transportistas dada la situación límite que viven debido a los sobrecostes del combustible, pero expresa su rechazo a la violencia de los piquetes.

Por ello, y ante las "graves consecuencias" que está causando la huelga del sector, reclama la reducción inmediata de los impuestos vinculados a los costes energéticos (luz, gas, combustible) y desvincular el gas del actual sistema del “pool” energético e incentivar los sistemas de autoconsumo.

También pidió habilitar líneas de financiación específicas (por ejemplo, a través de ICO, según se hizo al inicio de la pandemia); una "visión de estado y gestión de los altercados" de manera global en toda España, protegiendo el derecho a trabajar de las personas que así lo deseen, y que haya seguridad de las Fuerzas y Cuerpos del Estado en los puntos críticos de estos actos vandálicos (centros de transporte, principales arterias de comunicación, polígonos, etc.).

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