¿Se encamina Castilla y León hacia un adelanto electoral inminente?

La política castellano-leonesa vuelve a moverse entre rumores y desmentidos. Aunque el presidente Alfonso Fernández Mañueco insiste en que la cita con las urnas sigue fijada para marzo de 2026, el ambiente político se ha ido cargando en las últimas semanas. El fracaso de las conversaciones para desbloquear los presupuestos y la tensión con algunos grupos parlamentarios han reavivado la pregunta que sobrevuela en cada pasillo de las Cortes: ¿aguantará la legislatura hasta el final?

El revés presupuestario ha sido un golpe que en el Gobierno trataban de evitar a toda costa. El PP confiaba en amarrar un acuerdo que le permitiera llegar al final del mandato sin sobresaltos, pero la aritmética parlamentaria ha vuelto a mostrar sus límites. Y, en un escenario como el actual, donde cada votación depende de pactos puntuales, la gobernabilidad se complica más de lo que a la Junta le gustaría reconocer.

Mientras tanto, lo que está ocurriendo en otras comunidades añade presión. Extremadura decidió anticipar elecciones después de no lograr encajar sus cuentas y Aragón siguió el mismo camino poco después, también atrapada en un bloqueo político que no parecía tener salida. Ese doble precedente ha encendido las alarmas: si el adelanto se ha convertido en la salida elegida por otros gobiernos autonómicos, ¿por qué Castilla y León tendría que ser la excepción?

En el entorno de Mañueco aseguran que no hay un plan oculto para adelantar los comicios, aunque reconocen que el contexto político obliga a “tener todos los escenarios sobre la mesa”. En otras palabras, la legislatura no está rota, pero tampoco goza de una salud de hierro.

A esto se suma que en 2026 otras comunidades, como Andalucía, también deberán pasar por las urnas, lo que contribuye a un clima de precampaña prácticamente permanente. Los partidos ya están en modo electoral aunque nadie lo admita abiertamente.

Por ahora, en Castilla y León no hay pasos formales que apunten a una disolución inmediata del Parlamento. Pero la combinación de presupuestos atascados, un Gobierno que gobierna sin red y el movimiento de otras autonomías hace que la pregunta se repita cada vez con más insistencia: ¿será posible llegar a marzo sin una convocatoria anticipada?