CSI-F explica que entre los motivos para anular la orden, la sentencia reconoce la falta de negociación por parte de la Administración. Literalmente considera, tal como reclamaba el sindicato, que “debió llevarse a cabo dicha consulta”, ya que “la materia regulada por la Orden afecta a las condiciones de trabajo del empleado público”. Matiza incluso que “el órgano específico es la Mesa de Negociación”.
El sindicato señala que el fallo del Tribunal Superior de Justicia también alude a la necesidad de un informe. “No se trata de una mera función consultiva, sino de un control preventivo de legalidad, de naturaleza esencial, de las disposiciones de carácter general y de determinados actos de la Administración”. El Tribunal considera que “la falta de ese informe determina la nulidad radical del texto aprobado”.
La central sindical apunta que la sentencia anula el recurso basándose en un tercer argumento, ya que esta regulación requería de un rango mayor que una orden por “la naturaleza de su contenido, la afectación de personal estatutario y funcionario y su carácter de norma de aplicación de las previsiones de una ley de nivel estatal”.
CSI-F considera una gran noticia el fallo judicial tras el recurso del sindicato, ya que la orden de jubilación forzosa “ocasionaba un grave perjuicio a los interesados porque les priva de su derecho a continuar en el servicio activo a pesar de que se encuentren en perfectas condiciones para hacerlo. También permitirá a la sanidad valenciana aprovechar el bagaje de estos profesionales más años para ofrecer una atención más adecuada al ciudadano”.
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