Expira el plazo de 4 años fijado por ley para eliminar las barreras arquitectónicas

El 4 de diciembre es la fecha que establece el RDL 1/2013 para la accesibilidad universal. A falta de un mes para que expire el plazo, Zamora todavía sigue sufriendo problemas en esta materia, aunque en los últimos años se ha avanzado mucho, principalmente por el trabajo desarrollado por los contratados del Plan de Empleo.

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Apenas queda un mes para que expire el plazo de cuatro años que fijó la ley para eliminar las barreras arquitectónicas de los diferentes municipios de España. En este sentido, FACUA-Consumidores en Acción insta a los ayuntamientos de toda España a tomarse en serio la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas y a adoptar medidas urgentes para acabar con ellas, al tiempo que recuerda que el plazo recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para que todos los edificios fueran completamente accesibles a las personas con discapacidad finaliza el 4 de diciembre próximo.

Teniendo en cuenta que restan apenas cuatro semanas, no existe posibilidad alguna de que las diferentes administraciones cumplan, en su conjunto, el mandato de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad. La asociación cree en que cuatro años, desde la aprobación de la Ley y hasta la finalización del plazo previsto en su Disposición Transitoria Tercera, se debería haber hecho mucho más por acabar con las barreras arquitectónicas de lo que realmente se ha hecho, a la vista de la cantidad de barreras que aún existen en casi todas las ciudades.

El principal objetivo de la norma era conseguir que todas las edificaciones contaran con la condición indispensable de accesibilidad universal, interviniendo no sólo en los edificios, sino también en los entornos. Y ese objetivo está muy lejos de haberse conseguido. FACUA, en este sentido, denuncia la falta de sensibilidad que han mostrado algunos gobernantes hacia las personas con discapacidad.

El artículo 1 de la norma señala que esta ley tiene por objeto "garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España".

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