El fin de la jubilación parcial en el empleo público afectará a más de 5.000 trabajadores en Castilla y León

La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2024 el próximo 1 de abril de 2025 eliminará la posibilidad de jubilación parcial en la administración pública, lo que supondrá la pérdida de un derecho consolidado y afectará a miles de empleados en Castilla y León.

Una mujer sujeta una pancarta durante una concentración de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). EP.
Una mujer sujeta una pancarta durante una concentración de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). EP.

La nueva regulación aprobada por el Gobierno modifica el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social y deja fuera de la jubilación parcial a los trabajadores del sector público. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que esta normativa no tiene en cuenta las particularidades del acceso al empleo público y exigirá a la Junta de Castilla y León que agilice las solicitudes pendientes antes de que la norma entre en vigor.

Según CSIF, más de 5.000 empleados públicos en Castilla y León se verán afectados por esta medida en los próximos cinco años, sin contar al personal laboral de la Administración General del Estado y de las administraciones locales. Hasta ahora, la normativa permitía que la jubilación parcial se complementara con un contrato relevo, sin necesidad de que este fuera indefinido. Sin embargo, el nuevo decreto impone contratos a tiempo completo e indefinidos, lo que en la práctica dificultará su aplicación en la administración pública y limitará esta modalidad de retiro a la empresa privada.

La situación se agrava en Castilla y León debido a los retrasos en la tramitación de jubilaciones parciales en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde solo un empleado gestiona los expedientes, a pesar de que hay plazas vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). CSIF ha advertido que la Junta de Castilla y León debe tramitar las solicitudes antes de abril para evitar que queden bloqueadas por la entrada en vigor de la nueva normativa.

El sindicato ha instado a la Consejería de la Presidencia y al resto de consejerías a acelerar la concesión de estas jubilaciones, ante el "inminente cerrojazo" que supondrá el decreto. Además, ha exigido al Gobierno y a todas las administraciones una solución que evite la "discriminación y el perjuicio intolerable" para miles de empleados públicos en toda España.

CSIF ha advertido que la Junta no debe aprovechar este cambio normativo para paralizar las jubilaciones, algo que consideran "ruin e imperdonable". Actualmente, la media anual de solicitudes de jubilación parcial en la Junta de Castilla y León oscila entre 500 y 700 trabajadores.

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