La finalización de los contratos de renta antigua afecta a varios locales comerciales

Desde el 1 de enero de 2015 el comercio tradicional vive un nuevo golpe a su ya debilitada situación por efecto de la crisis. Desde ese día dejó de tener validez la figura del contrato de renta antigua, por lo que los propietarios del local podían negociar las nuevas condiciones de alquiler al precio actual de mercado. Esto supuso que los costes se elevaran para muchos comercios, incluso duplicándose en algunos casos, por lo que algunos de ellos han tenido que cerrar.

Esta situación afecta a los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985, bajo el régimen legal de prórroga forzosa. El entonces ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, aprobó un decreto para la prórroga forzosa para los contratos que se suscribieran a partir de esa fecha. Un acuerdo que se acotó en 1994, cuando siendo ministro Pedro Solbes reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos y concediendo a los afectados una moratoria de veinte años, que se cumplen ahora sin que ningún gobierno posterior modificase la ley.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ya alertaba a principios de año de "una situación dramática para muchas personas, que se verán obligadas a cerrar el negocio familiar en el que llevan toda la vida. Entre esto y la bajada en el volumen de ventas por culpa de la crisis, entre un 30 y 40%, no tendrán más remedio que irse a su casa".