El fiscal superior de Castilla y León sobre las residencias, tras el COVID: “Cuanto mejor dotadas en todos los sentidos mejor”

Santiago Mena defiende el archivo de las diligencias abiertas por la gestión de la pandemia al no encontrar indicios penales

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Comparecencia del fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena
Comparecencia del fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, aseguró que como “usuario eventual” de las residencias para personas mayores le gustaría que contaran con los medios necesarios, tras lo vivido con la pandemia del COVID-19. “Cuanto mejor dotadas en todos los sentidos pues mejor”. En su opinión, como sociedad se debería abrir una reflexión para replantearse estos sistemas de atención a las personas.

Mena compareció este miércoles ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para informar sobre la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad, correspondiente al año 2019 y 2020, defendió el archivo de las diligencias abiertas por la gestión de la pandemia en estos centros residenciales, donde el COVID-19 dejó un gran número de fallecidos, al no encontrar indicios de delito achacable a la administración.

“Desde el punto de vista penal no hemos tenido dudas ni aquí ni en toda España”, afirmó el fiscal superior, que manifestó que si alguna denuncia ha progresado en algún otro territorio del país es porque se ha podido demostrar que alguien ha cometido un hecho que se haya tipificado como delito, pero en el resto insistió en que “ha sido imposible”.

En su opinión, cada fiscal en Castilla y León coincidieron en que no había materia para una investigación penal sobre el funcionamiento de estos centros o la falta de medios o profesionales sanitarios para presentar una denuncia. Aunque “suene un poco mal”, manifestó que corresponde a los dirigentes políticos que elaboran la nueva ley de atención residencial adelantarse en esa normativa a las situaciones que puedan derivarse tras el impacto de un virus, como el COVID.

En relación a la transferencia a la Comunidad de las competencias en materia de justicia, Santiago Mena aseguró que “cuanto más cercano mucho mejor” y añadió que “sería lo deseable”, si bien advirtió de que otros territorios que ya gestionan esta materia siguen trabajando con el papel. Por ello, señaló sobre sus beneficios que “según y cómo”, porque recordó Castilla y León, en concreto, Burgos, fue la primera Oficina Judicial de España en 2010.

“El resto de España no sabía nada de qué era esto”, dijo y añadió que durante la pandemia los territorios que contaban con estos sistemas, que admitió podrían funcionar mejor, estaban en una situación de “preferencia” a la hora de trabajar y no tener tantos “retrasos”.

Finalmente, el fiscal superior explicó que no es posible que estos profesionales se desplacen a los juzgados de las diferentes poblaciones, fuera de las capitales de provincia, por la falta de recursos, si bien reconoció que ellos son los primeros que le gusta llevar estos asuntos de forma directa. Además, defendió las alternativas que brindan los medios telemáticos.

Actividad

En la Fiscalía Superior, los números globales aumentan en los años de estudio porque se tramitaron un mayor número de asuntos relacionados con la pandemia, diligencias preprocesales civiles y asuntos contencioso-administrativos relacionados con la pandemia. Por grupos de delitos destacó el descenso en los delitos contra el patrimonio, justificado por el largo periodo de confinamiento. En materia de criminalidad informática, se produjo un aumento significativo por las limitaciones de circulación, motivadas por la situación sanitaria.

En el ámbito penal, dijo, la incoación y tramitación de nuevos procedimientos, delitos leves, diligencias previas, diligencias urgentes, sumarios y procedimientos de jurado disminuyó en un 17,43 por ciento con respecto a años anteriores. En cuanto a los escritos de calificación-acusación del Ministerio Fiscal, descendieron un siete por ciento, aunque menos que el resto, porque en todas las fiscalías se ha impulsado el teletrabajo. 

Además, la presencialidad disminuyó y el número total de juicios celebrados descendió un 28 por ciento, lo que lleva a un aumento de las suspensiones ya programadas con anterioridad. En cuanto al número de sentencias, disminuyeron en torno al 25 por ciento y el apartado de Diligencias de investigación, procedimientos eminentemente circunscritos a las fiscalías, disminuyó respecto del año anterior.

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