Esta movilización, según los sindicatos, no excluye la huelga general en Justicia, y viene motivada por la “cerrazón del Ministerio en no querer negociar”. Según han detallado, han pasado más de diez días desde que se presentaron cerca de 10.000 firmas al Ministro de Justicia solicitando la apertura de la mesa de negociación y más de tres meses desde que los cuatro sindicatos presentaron al Ministerio un escrito con una tabla reivindicativa pormenorizada que afecta a todos los Cuerpos de Justicia desde Letrados hasta Cuerpos generales y especiales y “el Ministerio sigue dando la callada por respuesta a las justas reivindicaciones de los funcionarios de Justicia del ámbito del Ministerio”.
Según han recalcado, el Ministerio “no cumple con los acuerdos de 2015 y machaca a los Juzgados creando juzgados sin medios, imponiendo un modelo de oficina judicial y fiscal rígido y derrochando el dinero en una tecnología que no sirve para ayudar sino para ahogar aún más a los órganos judiciales y fiscales”.
Asimismo, han reivindicado que es “imprescindible” una mesa de negociación para acabar con la grave discriminación salarial que sufren los funcionarios de Justicia del ámbito del Ministerio que alcanza la diferencia salarial de 500 euros al mes en el complemento específico por pertenecer a los mismos cuerpos nacionales, asumir las mismas responsabilidades, realizar las mismas funciones y acceder a estos cuerpos por la misma vía.
Además de la revisión al alza del complemento específico, entre otras reivindicaciones destacan la recuperación del complemento deviolencia sobre la mujer y establecimiento de complementos en otros órganos especializados, de la normativa de guardias e incremento de las retribuciones por este concepto y de la retribución por insularidad.
Por otro lado, según han señalado, la implantación a las bravas de la oficina judicial y fiscal, así como del expediente digital están causando más problemas que beneficios a la prestación del servicio público. “La primera se trata de una operación cosmética que lleva al absurdo de crear oficina judicial donde sólo hay un Juzgado o a crear servicios comunes con tres funcionarios de auxilio”, han señalado, mientras que “la segunda, se trata de una operación de despilfarro de dinero público en un proyecto llamado Justicia digital que se desarrolla sobre unos programas claramente obsoletos en su diseño y concepción, carentes de compatibilidad salvo que se recauchuten y parcheen continuamente y limitados en su capacidad”.
Además, desde los sindicatos critican que, lejos de atender esta justa reivindicación, el Ministerio de Justicia lanza el “penúltimo ataque frontal” contra las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia y lo hace a “espaldas de la mesa de negociación” apadrinando la presentación por el Grupo parlamentario popular de unas enmiendas a la LOPJ que afectan seriamente a los centros de destino, la movilidad forzosa y la atribución arbitraria de funciones sin remuneración.
Por todo lo anterior, los sindicatos consideran que siguen existiendo motivos para salir a la calle en defensa de nuestra dignidad y de nuestros derechos y si quieren huelga, la tendrán”.
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