Cerca de dos mil funcionarios de la Administración de Justicia, pertenecientes a los cuerpos generales y especiales, están llamados en Castilla y León a la huelga de ámbito nacional convocada por los sindicatos entre casi cincuenta y cinco mil empleados a partir de este lunes, 17 de abril, para expresar su disconformidad y agravio sufrido en la tramitación por parte del Ministerio del ramo de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa en el sector.
Las organizaciones sindicales convocantes, UGT, CCOO, CSIF y STAJ, justifican la movilización, con paros parciales de 10.00 a 13.00 horas desde el lunes y huelga total el miércoles, 19, acompañada en Madrid de una gran manifestación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Función Pública, en la necesidad de que la nueva ley sea negociada con los representantes de los trabajadores para así garantizar el reconocimiento de las funciones que realizan y las consiguientes remuneraciones.
Representantes estatales de los tres citados sindicatos se desplazaron el pasado viernes a Valladolid para reunirse en asamblea con los trabajadores--en la provincia se calcula que son más de seiscientos--para explicarles la situación y luego comparecer ante los medios frente a las puertas del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial, al objeto de visibilizar ante la ciudadanía que la huelga no es únicamente por motivos económicos.
"Un escándalo", "una vergüenza son algunos de los calificativos vertidos por los sindicalistas al hacer alusión al reciente acuerdo que el Ministerio ha cerrado con los Letrados de la Administración, poniendo así a un huelga de dos meses, y que, en su opinión, ha generado un importante conflicto al remunerar a este colectivo mensualmente con más de 400 euros--más de 5.500 euros anuales--al reconocerles una serie de funciones que no hacen ellos sino trabajadores de los cuerpos generales.
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
"Se trata de una ley que atenta claramente contra las condiciones de trabajo de todo el personal de la Administración de Justicia de los cuerpos generales y especiales, cerca de cincuenta y cinco mil en toda España", ha denunciado Javier Hernández, de CCOO, quien ha apuntado que con ella cambian de forma automática, "sin negociación alguna", las condiciones de trabajo en materia de movilidad voluntaria y forzosa que pueden llevar, además, a la "amortización de decenas de puestos de trabajo, cuando se trata de un sector que es deficitario en personal".
Pero además, el representante de CCOO, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado el agravio comparativo generado por el Ministerio, en connivencia con las comunidades con transferencias asumidas en la materia, al retribuir a los LAJ por funciones que efectúan, en un 80 ó 90 por ciento, los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio.
"Que la ciudadanía sepa que esta huelga no es económica sino para el reconocimiento de la dignidad profesional y para evitar la amortización de puestos de trabajo", ha insistido Hernández.
En la misma línea se han posicionado los representantes de CSIF y UGT, Juan José Banciella y Antonio Lozano, respectivamente, quienes han hecho un llamamiento al departamento de Pilar Llop para que dé marcha atrás y negocie con los sindicatos la polémica ley, al igual de lo que ha hecho con un colectivo como el integrado por los LAJ.
"La huelga de los LAJ ha puesto de manifiesto las vergüenzas de la Administración de Justicia. Pedimos que se reconozcan las funciones que diariamente realizan los cuerpos generales y se retribuyan convenientemente", ha resumido el representante de CSIF.
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