Los funcionarios de Justicia de Zamora paralizan los servicios para reivindicar la negociación de la LOEO

Los funcionarios de la Administración de Justicia en Zamora salían a la calle este jueves, uniéndose a sus compañeros del resto de España, para reclamar que la reforma de los juzgados a través de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, la cual contempla la eliminación de las relaciones de puestos de trabajo y que está impulsada por el Gobierno sin la negociación de los sindicatos, sea discutida. Demanda a la que añaden salarios justos y adecuados para sus funciones. Una huelga que afecta a un sector que en Zamora cuenta con 220 trabajadores, de los cuales alrededor de 160 se encuentran en la Audiencia Provincial de la capital.

Alredor de 40 personas se personaban a las puertas de la Audiencia Provincial de Zamora para hacer un parón de sus obligaciones laborales, algo que Pilar Cerdera, presidenta de la Junta de Personal de Zamora, recalcaba que se debía a la necesidad de ser escuchados por el Gobierno a través de una negociación de la ley. Afectando a 45.000 funcionarios del sector en toda España, Cerdera expresaba el sentimiento de ser "funcionarios de segunda" ante el trato recibido.

"Ayer se ha llegado prácticamente a un acuerdo con los jueces y fiscales mientras que a nosotros ni siquiera nos ha recibido", esgrimía, denunciando así la postura de la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre quien recalcaba que "mientras nosotros estamos de huelga, ella está de fiesta, como hemos podido comprobar todos. Así que nada, vamos a seguir con las movilizaciones a intensificarlas si es necesario para que se nos escuche y se nos atienda a nuestras reivindicaciones".

Reclamando que la ley "sea negociada con todas las relaciones sindicales" y buscando "que no se eliminen las relaciones de puestos de trabajo". Para ello, han optado por la paralización laboral, una situación que se traduce en "un retraso de la administración que va a suponer meses, incluso años en algunos lugares, para que se vuelva otra vez a la vida normal. Con el perjuicio que supone para los ciudadanos y para las personas que están viendo desatendidas sus necesidades", recalcaba Cerdera.