El Consejo de Ministros de España aprobará el próximo martes, 18 de marzo, un Real Decreto que adapta la normativa nacional a la Directiva Europea 2022/362. Este texto establece los criterios para calcular los gravámenes y bonificaciones por el uso de las infraestructuras viarias, sin que implique nuevos peajes en la red de carreteras del Estado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aclarado que esta legislación no introduce cambios en el sistema actual de peajes ni en la política de bonificaciones a los usuarios.
De acuerdo con la comunicación oficial, el Real Decreto no tiene como objetivo modificar el pago por uso en autopistas, autovías o carreteras convencionales ni la implantación de nuevos peajes. Asimismo, no se implementará un sistema de tarificación distinto al vigente ni se aplicarán tarifas adicionales a ciertos vehículos o infraestructuras.
El Ministerio también ha reafirmado su compromiso con la política de eliminar las prórrogas de los peajes al término de sus concesiones, lo que ha permitido ahorrar anualmente 1.400 millones de euros a los ciudadanos desde 2018. En ese sentido, el 40% de los kilómetros de autopistas estatales han pasado a ser gratuitos, con la liberación de 1.029 kilómetros de los 2.530 totales, lo que marca un giro hacia un modelo de financiación viaria más equilibrado y accesible.
En cuanto a las bonificaciones, el Gobierno continúa aplicando descuentos en tramos de autopistas como la AP-9, AP-66 y AP-68, para compensar a los usuarios frecuentes. Desde 2018, los usuarios de la AP-9 han ahorrado más de 330 millones de euros, los de la AP-66 46,8 millones y los de la AP-68 92 millones.
El Real Decreto también establece cambios en el método de cálculo de los peajes, incorporando criterios ambientales relacionados con la emisión de CO2 y la congestión en las infraestructuras. Sin embargo, estos criterios no se aplicarán a las autopistas de peaje ya existentes, que seguirán operando según los acuerdos previos. Para futuras concesiones, los nuevos contratos deberán tener en cuenta estos factores, tal y como estipula la Directiva Europea.
Además, la Directiva introduce la obligación de eliminar el sistema de viñetas para vehículos pesados de forma paulatina hasta 2030, aunque este sistema no se aplica en España, por lo que su impacto será nulo en el país. Las nuevas regulaciones también buscan flexibilizar los descuentos para vehículos ligeros, en comparación con los regímenes previos aplicados a vehículos pesados.
Finalmente, el Gobierno continuará con su política de bonificaciones, que ha sido clave para mejorar la accesibilidad de las infraestructuras viarias, manteniendo los descuentos actuales y extendiendo nuevos beneficios para los usuarios recurrentes.
Este Real Decreto es un paso más en la implementación de la Directiva Europea, asegurando que el sistema de infraestructuras viarias siga evolucionando de manera sostenible y equitativa.
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