El Gobierno ha modificado la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres para incorporar un régimen sancionador a la morosidad que se produce en el sector del transporte de mercancías por carretera, fijando en 60 días el plazo máximo de pago, en línea con otros sectores de características similares.
Así lo ha avanzando la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha defendido que esta medida beneficiará en su mayoría a las pequeñas empresas que participan en este sector.
"El transporte de mercancías por carretera es un sector esencial para la sostenibilidad del conjunto de la economía, siendo transversal a todos los sectores industriales de cualquier tipo y la morosidad ha amenazado su liquidez, rentabilidad y competitividad", ha justificado la ministra.
Esta amenaza se ha intensificado, además, a raíz de la pandemia de coronavirus, que ha retrasado aún más los pagos a las empresas que operan en el transporte de mercancías por carretera, lo que ha impulsado al Ejecutivo a acometer esta modificación, sobre todo teniendo en cuenta la labor de este sector de realizar el suministro de elementos básicos y de alimentos a la sociedad.
El nuevo régimen sancionador prevé la publicidad de las sanciones, con fines disuasorios, porque, según explica Montero, "la propia reputación empresarial juega un papel importante en la práctica de la competencia desleal en este mercado".
Asimismo, la ministra ha señalado que este proyecto de ley es fruto del compromiso adquirido con el sector y que esta norma anticipa otras destinadas al transporte de mercancías por carretera en el futuro.
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