El Gobierno no vincula la renovación del CGPJ con el cambio de la norma para la elección de los vocales

El Ejecutivo aclara, sin embargo, que la renovación de los vocales, que lleva cinco años con el mandato caducado, no está vinculada al cambio de la ley.

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PIlar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Edaucación, Formación Profesional y Deportes.   CONGRESO
PIlar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Edaucación, Formación Profesional y Deportes. CONGRESO

El Gobierno sostiene que el acuerdo al que ha llegado este viernes con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no está condicionado a llevar a cabo una reforma legal para modificar el sistema de elección de los vocales del órgano, a pesar de que las conversaciones sobre ambos puntos se puedan desarrollar a la vez, según indican fuentes gubernamentales.

Señalan además que la semana que viene, antes de que finalice el año, habrá una primer contacto entre los dos negociadores, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons para iniciar las negociaciones.

Después de la reunión que este mismo viernes han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, Feijóo señalo que una de las condiciones que pone el PP es que la reforma de la Ley del Poder Judicial, que incluye la elección de los vocales, se haga de forma "simultánea".

El Ejecutivo aclara, sin embargo, que la renovación de los vocales, que lleva cinco años con el mandato caducado, no está vinculada al cambio de la ley.

En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha confirmado que el Ejecutivo ha aceptado la propuesta lanzada en la reunión por Feijóo para que la Comisión Europea "medie y verifique", según sus palabras, y se lleve a cabo el recambio en el órgano de gobierno de los jueces.

"Todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución será más que bienvenido", ha señalado a continuación.

Asimismo ha señalado que el Gobierno y el PP estuvieron a punto de llegar a un acuerdo hace un año, que finalmente no se llegó a firmar por la negativa de los 'populares'. Considera por tanto que ese pacto "es un magnífico punto de partida" para retomar las conversaciones.

"Así pues, valoramos positivamente que por fin el Partido Popular se abre a la posibilidad de un acuerdo para renovar el CGPJ tras cinco años de incumplimiento de la Constitución", ha indicado.

SORPRENDIDOS DE QUE FEIJÓO HAYA PROPUESTO "UN VERIFICADOR"

Respecto a la persona que representará a la Comisión Europea para que supervise las negociaciones entre Gobierno y PP, Alegría ha señalado que son respetuosos con la decisión que tome la Comisión, después de que los populares se hayan mostrado partidarios de que el elegido sea el comisario de Justicia, Didier Reynders o la vicepresidenta Vera Jourova.

En el Gobierno consideran además que su posición es la misma que la del comisario Reynders, es decir que lo primero debe ser la renovación del CGPJ y que no se tiene por qué acometer en paralelo el cambio legal sobre la elección de los vocales.

Además, ante el argumento del PP de que la Comisión es una institución española, dado que la UE es depositaria de la soberanía española, fuentes del Gobierno señalan, en tono irónico que ni Reynders ni Jourova son apellidos muy españoles.

De este modo tratan de subrayar que Feijóo ha propuesto una fórmula con un "verificador internacional", según señalan, a pesar de que se ha mostrado totalmente en contra de que el PSOE haya recurrido a un mediador en sus negociaciones con Junts. De hecho la portavoz ha remarcado en varias ocasiones durante su intervención que la Comisión se encargará de "mediar y verificar" la negociación sobre la renovación del CGPJ.

Finalmente piensan que el PP ha dado este paso porque se encontraba en un callejón sin salida y resultaba injustificable mantener el órgano de gobierno de los jueces con el mandato caducado más de cinco años.

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