El Gobierno plantea congelar el salario de los funcionarios pero devolver 'moscosos'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer en el Senado que no se eliminará ninguna paga extraordinaria a los funcionarios ni este año 2013 ni en 2014. De esta forma, ofreció un adelanto de las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, que se abordarán en el Consejo de Ministros de este viernes. Sin embargo, habrá otros cambios que afectarán a los empleados públicos.

Según informan varios periódicos de tirada nacional, el Gobierno plantea congelar los salarios públicos, compensando a cambio a los funcionarios con la devolución de algún día libre, los denominados ‘moscosos’, tras la reducción aprobada el año pasado. Y es que el Ejecutivo seguirá adoptando medidas con las que reducir el déficit, por lo que seguirá acometiendo recortes sobre todo en gastos de personal.

Además, se mantendrá estancada la tasa de reposición de plazas que se produzcan por jubilación y tan sólo habrá algunas excepciones en determinados grupos de funcionarios en las que se reemplazará el 10% de las bajas. Se trata sobre de personal de la Agencia Tributaria, que incrementar el control fiscal sobre los defraudadores, y de la Inspección de Trabajo, para no cargar de trabajo en la búsqueda de irregularidades laborales, así como educación, sanidad y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Se trata de una información que afecta a más de 10.000 zamoranos que actualmente son empleados públicos.

La supresión de la paga extra, en manos de la Justicia

 Cabe recordar que recientemente el Tribunal Constitucional admitió a trámite el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que acordó en su día por unanimidad elevar cuestión de constitucionalidad sobre la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 al personal de la Junta. En el auto se argumentaba que una parte de esa gratificación ya se había generado y debería pagarse, y que la decisión del Gobierno central (Real Decreto de julio de 2012) podría suponer una “expropiación de derechos económicos no abonados pero sí incorporados ya al patrimonio de los trabajadores por devengados”. Casi una veintena de organizaciones sindicales y empleados públicos de Castilla y León pidieron a la Junta de Castilla y León que se abonasen las retribuciones planteando la inconstitucionalidad de su supresión.