El Ministerio de Hacienda y Función Pública se reunirá el próximo miércoles con representantes de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT para iniciar la negociación de la subida salarial de los empleados públicos de cara al año 2023, un alza que deberá reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo ejercicio.
El encuentro se producirá después de que CSIF celebrara este sábado en Madrid una protesta “contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos”.
El sindicato mantiene que los bolsillos de los trabajadores “ya han pagado y soportado con creces los efectos de las últimas crisis económicas" y "no es justo que los sacrificios recaigan siempre sobre la clase trabajadora”.
En este sentido, la organización exigió al Gobierno que dé ejemplo a la empresa privada y negocie una subida en las administraciones públicas, como acaba de proponer el Ejecutivo de Francia. Destacó que los empleados públicos “llevan contribuyendo al pacto de rentas desde 2010 cuando por primera vez se les bajó el sueldo y arrastran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20 por ciento”.
No obstante, tanto CSIF como UGT y CCOO valoraron positivamente la celebración de esta reunión. Eso sí, estos dos últimos sindicatos advirtieron conjuntamente al Gobierno de que para poder cerrar un Acuerdo debe garantizarse el poder adquisitivo de los empleados públicos, la “calidad” del empleo y la mejora “sustancial” de las condiciones de trabajo, que parte “necesariamente” de la “derogación de los recortes del 2012”.
“Desde UGT y CCOO vamos a plantear la necesidad de cerrar un Acuerdo plurianual, que permita el mantenimiento del poder adquisitivo y esto incluye revisar al alza los incrementos también para este año 2022, fijados imperativamente en el 2% en los PGE”, agregaron las dos organizaciones sindicales.
En este sentido, avisaron de que no van a permitir la “constante pérdida” de poder adquisitivo, -14 años sin actualización de los salarios para el personal del Servicio Exterior, ni dejar atrás al sector público empresarial, al que hay que “garantizarle el derecho a la negociación colectiva y la afectación plena de los Acuerdos de la función pública”.
Los sindicatos también exigen la implantación de las 35 horas semanales; cambios en materia de igualdad, y mejoras en el acceso al empleo público y la posterior promoción.
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