Un informe de Comisiones Obreras, en referencia al mapa de titulaciones en las universidades de Castilla y León, ha puesto también de manifiesto el encarecimiento de las tasas universitarias por estudiar una carrera. “Desde el curso 2012 el precio de los estudios universitarios ha subido mucho. Hasta el punto de que algunas carreras hoy cuestan entre tres y cuatro veces más caras que lo que costaban hace tan solo siete años antes de todas las reformas”, aseguran desde la organización sindical en el informe. Un hecho que, por otro lado, relacionan con la disminución del número de estudiantes siendo la causa “los fuertes incrementos del precio de matrícula”.
A la vez, un estudio reciente del Observatorio del Sistema Universitario pone de manifiesto “que España es una anomalía en un contexto europeo en el que mayoritariamente las universidades públicas ofrecen estudios de grado de forma gratuita o con precios inferiores a los 1.000 euros por año. Los estudios de máster cuestan igual que los de grado, la repetición de asignaturas no se castiga económicamente aunque sí académicamente, existen becas-salario y se da todo un conjunto de otras ayudas que en España no existen. Por ejemplo, desgravaciones fiscales a las familias con hijos en la universidad, subsidios a las familias más necesitadas, comedores universitarios subvencionados, tarifas especiales, transporte público gratuito, etcétera”.
En este contexto, Comisiones Obreras también saca a la luz la diferencia de precio de tasas universitarias que se produce entre las diferentes comunidades autónomas “a raíz de la aprobación de las medidas urgentes de racionalización de gasto público”. Con ello, aseguran, “se ha comprometido claramente la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación. Esto supone en Castilla y León un incremento de más del 45% entre los cursos 2011-12 y 2014-15 siendo la tercera comunidad autónoma tras Cataluña y Madrid en las que se produjo el mayor incremento relativo”.
La organización sindical considera “que este fuerte incremento de tasas en Castilla y León parece que ha tenido solo un reflejo parcial en los ingresos por este concepto”. Por otro lado, señalan, “este incremento de costes podría considerarse una subvención encubierta para la financiación de universidades privadas que han visto mejorar su competitividad desde ese punto de vista. La formación de posgrado sigue estando poco regulada, cara y accesible solo a una parte muy concreta de la población con mayor poder adquisitivo. Un claro obstáculo, por otro lado, para el acceso al empleo de los universitarios con menos recursos”.
El sindicato concluye “que nuestro modelo universitario ha de contemplar precios públicos para las tasas de matrícula, tendiendo a la gratuidad como tienen diversos países europeos. Más en tiempos de crisis. Hace falta una apuesta decidida por las becas y también de las becas-salario para compensar con ellas el coste derivado de la renuncia a trabajar y con ello de aportar fondos a la familia, lo que limita el acceso a la universidad a la clase trabajadora. Hay que exigir a los estudiantes un aprovechamiento intenso de los recursos públicos puestos a su servicio. Sin embargo, para respetar la igualdad de oportunidades, las posibles penalizaciones no deberían tener carácter económico, sino académico. Por ejemplo, limitación de nuevas matrículas en función de los resultados anteriores, minimizar la docencia presencial para las asignaturas repetidas, etcétera”.
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