Isabel Blanco, consejera de Familia de la Junta: "Entiendo el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos, por supuesto, pero nosotros hemos contado siempre la verdad"

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco, ha sido la encargada de dirigir la gestión de las residencias de Castilla y León durante la crisis sanitaria generada por el Covid-19. Dos de cada tres muertos de coronavirus han sido usuarios de estos centros asistenciales de la Comunidad. Blanco explica al periodista J. Soria, de SALAMANCA24HORAS.COM, el trabajo realizado e indica que nunca se le pasó por la cabeza dimitir, ni en los momentos más duros del estado de alarma.

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Sorprende ver a un político pedir perdón porque, desgraciadamente, no ocurre mucho. Usted lo hizo a finales de abril por todas aquellas decisiones, dijo, que no fueran “acertadas” y por no haber conseguido "salvar" a más de 2.000 personas en las residencias de mayores. Gestionar esta situación, seguro, ha sido durísimo. ¿Pensó en dimitir en algún momento o sólo en tirar para adelante?

Nunca pensé en dimitir, era el momento de estar ahí, de trabajar, de tomar decisiones y de intentar hacerlo lo mejor posible, en la situación más difícil a la que se ha tenido que enfrentar la sociedad de Castilla y León.

Las residencias de Castilla y León se han visto muy castigadas por la pandemia. ¿Ha fracasado el modelo residencial? ¿Por qué cree que se han sucedido tantos contagios y fallecimientos?

El modelo residencial no estaba preparado para afrontar esta situación excepcional, ni el modelo de Castilla y León ni ninguno de los que están implantados en el resto del país y mundo. Ahí están las cifras. En Castilla y León cuando llegó la pandemia estábamos avanzando hacia la modernización del modelo residencial, potenciando las unidades de convivencia que te permiten aislar rápidamente tanto a personal como a usuarios, al tratarse de módulos en los que conviven un máximo de 16 personas. Lo que ha ocurrido es una crisis de dimensiones desconocidas, que ha puesto del revés nuestro estilo de vida y de eso es de lo que hay que aprender. Debemos mejorar lo que ha resultado bien y cambiar lo que ha fallado, cambiar las debilidades que se han puesto de manifiesto ante una pandemia como la que hemos vivido.

No podemos olvidar que las residencias son hogares y no estaban preparadas para ser hospitales, igual que nuestras casas no están preparadas para ser escuelas o para ser oficinas, ni la sociedad estaba preparada para estar dos meses confinada en casa. Hay que tener en cuenta que nos hemos enfrentado a un virus muy contagioso y que se transmite con mucha facilidad. A la vista están los nuevos rebrotes que se están registrando en muchos puntos del país y la implantación del uso obligatorio de la mascarilla para tratar de evitar los contagios. Un virus que ha resultado tener una alta mortalidad, especialmente en las personas que son más vulnerables y es precisamente en las residencias donde se encuentran las personas más vulnerables y más dependientes.

¿En qué hay que mejorar el modelo entonces? ¿Cuándo estará lista la nueva Ley?

En varios aspectos, algunos de los cuales ya hemos puesto en marcha a través de un Decreto Ley aprobado recientemente y que incluye aspectos como que las residencias tengan Planes de Contingencia o una dotación mínima de EPIs que les permitan enfrentarse a estas situaciones. De hecho, el viernes (17 de julio) hemos publicado en el BOCYL una línea de ayudas para los centros en ese sentido, para que puedan hacer frente a las inversiones que se les exige para garantizar la seguridad de los empleados y residentes. Además, ya se han constituido.

Los grupos de trabajo para abordar la nueva Ley de Atención residencial que es un compromiso de Legislatura. Una Ley que queremos que sea participada y que se apruebe con el mayor consenso posible. Por eso queremos escuchar a todo el mundo y pretendemos que en esos grupos de trabajo se analicen todos los aspectos relevantes. De hecho, en los grupos que se han constituido hay representantes del Dialogo social, los Partidos Políticos, Sindicatos, Colegios Profesionales, de las residencias, de las entidades de personas con discapacidad, representantes de los usuarios, etcétera.

Vamos a abordar todos los asuntos que entendemos que deben conformar esa ley, a través de diferentes ponencias: Perspectiva laboral, Perspectiva de las entidades, Perspectiva de los colegios profesionales, Atención centrada en la persona y la atención residencial, Arquitectura, Unidades de convivencia y seguridad, Atención sanitaria, Modelos en España e internacionales y Perspectiva ética, de los propios destinatarios e incluso desde el ámbito de la política.

¿Cómo se encontraron las residencias de Salamanca al inicio de la pandemia? ¿En qué situación estaban?

Estaban igual que las de otras provincias. Hay que tener en cuenta que el 73% de los centros de Castilla y León no han registrado casos de coronavirus, una cifra realmente importante porque estamos hablando de 1.214.

¿Qué decisiones fue necesario tomar en los primeros momentos?

Prohibir las visitas el 13 de marzo, se monitorizó todos los centros residenciales y viviendas tuteladas de la Comunidad que son más de 1.214 para ir conociendo puntualmente la situación de cada uno de ellos. Además establecimos protocolos de asilamiento, dotamos de equipos de protección individual (EPIs) a todos los centros tanto públicos como privados con la dificultad que suponía adquirirlos en un mercado colapsado, ayudamos a cubrir las bajas de personal según se iban produciendo…

¿Qué falló para que nadie previera que los centros geriátricos iban a tener importantes focos?

Como decía antes, se trataba de un virus muy contagioso, que afectaba especialmente a la población más mayor y más dependiente. Cuando el virus entraba en una residencia era difícil de detectar, ya que las personas tardaban, en ese momento, entre una semana y quince días en manifestar los síntomas y para entonces ya se había producido el contagio de más residentes e incluso de trabajadores.

Aun así, reitero que el 73% de los centros no han tenido casos, y eso también hay que ponerlo en valor. Esto no quiere decir que donde entró el virus fuese culpa de los centros, estoy segura de que en esos momentos todo el mundo puso los medios que se disponían para evitarlo.

¿Cómo valora el trabajo realizado por el personal de las residencias, que también se han jugado la vida por atender a tantos usuarios?

Impresionante. Todos y cada uno de ellos: los que se han dedicado a atender a las personas mayores, los que han estado con ellos acompañándolos cuando estos fallecían y trasladaban posteriormente su cariño a las familias. Mi reconocimiento y afecto para todos ellos, no me cansaré de repetirlo y de agradecérselo. Se ha hablado mucho del gran trabajo que han desarrollado los sanitarios, pero junto a ellos también han estado los profesionales de los servicios sociales, pasando momentos muy duros. Ellos también son héroes, anónimos en la mayoría de los casos.

¿Cree que han podido sentirse abandonados en algún momento de la pandemia? A ustedes les han acusado de inacción…

No hemos estado inactivos en ningún momento. Hemos tratado de llegar a todos ellos, tanto a los centros públicos como a los privados, adaptándonos a las situaciones que se presentaban y actuando con los medios de los que disponíamos en cada momento. Hemos repartido durante tres meses, casi 7 millones de EPIs y reforzado las plantillas con nuevas contrataciones y personal también de otras consejerías, en total más de 860 profesionales.

Hubo polémica con los criterios a la hora de enviar a los residentes al Hospital. ¿Se tomaron las decisiones correctas en este sentido?

Se actuó siempre siguiendo los criterios médicos y pensando en los mejor para las personas que vivían en las residencias. En todas las Áreas de Salud se constituyó un equipo multidisciplinar (COVID-Residencias), y desde los Equipos de Atención Primaria con el apoyo del hospital cuando ha sido necesario, se ha dado soporte sanitario en las residencias y se han valorado las necesidades que precisan dichos pacientes, asegurando que estos cuidados se dispensan adecuadamente y si no es así, buscar otros recursos.

Se realizó la hospitalización domiciliaria allí donde fue necesario, se dictaron instrucciones sobre la terapia respiratoria domiciliaria, en respuesta a la infección COVID-19. Instrucciones para facilitar la prescripción de oxigenoterapia en centros residenciales y centros sociosanitarios y garantizar el suministro de los tratamientos que estuvieran activos y se procedió al suministro de medicamentos de uso sanitario y tratamientos antibióticos intravenosos. Hasta el 15 de junio se han trasladado a 4.454 personas a los Hospitales.

Pablo Iglesias dijo que lo ocurrido en las residencias de Castilla y León y Madrid fue “un crimen”. ¿Recibieron alguna llamada del vicepresidente segundo durante la pandemia para conocer el estado de las residencias en Salamanca, cuando él mismo afirmó haberse puesto al mando de los servicios sociales de España?

Nunca. El vicepresidente y ministro nunca se ha puesto en contacto con esta Consejería, ni antes, ni durante, ni después de la pandemia. Se celebraron dos reuniones del Consejo Territorial que contaron con su presencia, la primera el 19 de marzo en la que planteó que nos enviarían EPIs para las residencias en un plazo de 48 horas y nunca llegaron. La segunda el 15 de junio, cuando ya todo había pasado, para proponer la creación de un grupo de trabajo con las Comunidades con el objetivo de trabajar sobre el modelo Residencial, algo que ya se estaba planteando en Castilla y León.

¿Se conocerá algún día la cifra real de fallecidos por el coronavirus?

Esperemos que así sea, sería bueno para conocer el alcance real de la pandemia y poder prevenir situaciones similares en el futuro. En ese sentido, en Castilla y León se ha actuado desde el principio con total transparencia, siguiendo los parámetros que dio el Ministerio de Sanidad desde el primer día en la forma de remitir los datos al mismo. Es más, desde la Consejería de Familia fuimos de las primeras Comunidades en dar el número de fallecidos con coronavirus confirmado y el de personas que habían fallecidos con síntomas compatibles con la enfermedad, aunque ésta no hubiera sido confirmada. Hemos aportado esos datos todos los días.

Estas últimas semanas hemos conocido que no ha sido así por parte de otras Comunidades, ya que algunas no han cargado esos datos, por eso hemos pedido al Ministerio de Sanidad que los haga públicos, que dé las cifras reales. No se debe comparar información de comunidades si no son iguales los datos aportados.

¿Fue fácil el conteo diario de datos de los 1.214 centros residenciales de Castilla y León para la estadística? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Por qué existe tanta opacidad con las residencias privadas?

Empezamos a dar datos de las residencias el 20 de marzo, y desde el primer momento trabajamos en una aplicación informática que nos permitiera monitorizar la situación de estos centros, más de 1.214 en tiempo real. Esta aplicación se pudo en marcha el 30 de marzo y los propios centros cargaban a primera hora todos los días los datos de sus centros. La información que solicitábamos se ha ido ampliando a lo largo de estos meses, inicialmente se pedía el número de fallecidos, y contagiados y aislados y posteriormente se solicitó, por ejemplo, que se incorporasen datos de personal, o fallecidos en el propio centro y en el Hospital.

Respecto a las residencias privadas no ha habido opacidad, nos hemos ceñido a lo que nos indican los informes jurídicos porque debemos cumplir la Ley. La información de las residencias privadas se le ha trasladado y se le sigue trasladando diariamente tanto a la fiscalía como a Sanidad y además, de forma provincializada, hemos publicado los datos de los centros privados. También de forma disgregada y específica hemos aportado cada día la información de los centros de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales, no se ha podido ser más transparente con la Ley en la mano. Incluso hemos solicitado al Ministerio que eleve consulta a la abogacía del Estado sobre la posibilidad de facilitar o no los datos de los centros privados, de manera que exista un criterio uniforme sobre cómo actuar en todo el territorio, y paralelamente hemos vuelto a solicitar a esos centros su autorización para poder hacer públicos los mismos.

Solo una apreciación, aquí se nos solicitan datos de los centros privados, que ellos mismos pueden aportar si así lo consideran oportuno y el ministerio de Sanidad no facilita los datos del resto de las Comunidades Autónomas sí tenían la obligación de cargar. Por eso quiero dejar claro que Castilla y León siempre ha enviado al Gobierno los datos que ha solicitado e incluso los hemos publicado a diario.

Sindicatos y defensor del paciente han hablado de negligencias en las residencias en algunos momentos de la pandemia. ¿Ha habido negligencias?

No. Ha habido una gestión de los recursos y de las situaciones que había en cada momento, pero en ningún caso ha habido negligencia por parte de la Administración. De hecho, la Justicia ha archivado ya varias de esas denuncias.

¿Qué le parece el Ingreso Mínimo Vital (IMV)? ¿Cree que es acertado en estos momentos? ¿Se va a poder compaginar bien con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de la que era pionera Castilla y León?

El IMV es muy similar a nuestra RGC, que lleva implantada 10 años, es un derecho subjetivo y está garantizada por ley. Alrededor de 60 millones de euros al año de media y hemos llegado a 15.000 familias de media cada año. Siempre hemos defendido que debería ser una prestación igual para todo el territorio español, y es positivo. Tendría que ser una prestación compatible con las rentas existentes en las distintas comunidades autónomas. El problema está surgiendo con la gestión que está haciendo el INSS del mismo y la compatibilidad con nuestra Renta garantizada.

Por poner un ejemplo, de todos los beneficiarios iniciales que se planteaban, según los datos que nos han facilitado, solamente 1.018 de los más de 4.300 perceptores de Renta con hijos menores han recibido el IMV, 452 familias, perciben menos con el IMV de lo que recibían con la Renta Garantizada. No puede ser que el IMV perjudique a las familias que más lo necesitan, y que cobren menos de lo que percibían con la Renta de Castilla y León.

Por eso, desde la Junta vamos a garantizar esa cobertura mínima a las familias, esto es, que cobrarán lo mismo que percibían con la Renta. Esperemos que el Ministerio regularice estas situaciones a la mayor brevedad posible porque estamos hablando de las personas que más lo necesitan.

¿Están preparados en la Consejería de Familia a un hipotético rebrote?

Sí. Hemos elaborado las guías y protocolos necesarios para poder afrontar un rebrote. Hemos aprobado un Decreto en el que se indica que los centros han de contar con Planes de Contingencia, EPIs, posibilidad de aislar nuevos casos si se produjeran…

Lo importante es que si surge un caso, los protocolos que se han elaborado funcionen, que se detecten rápidamente esos casos, que se proceda al aislamiento de los mismos y que se realicen las pruebas necesarias para poder actuar correctamente en cada uno de ellos.

¿Entiende a los miembros de las asociaciones de afectados por la situación de las residencias que buscan “conocer la verdad”?

Entiendo el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos, por supuesto. Nosotros hemos contado siempre la verdad.

¿Cómo se encuentran ahora mismo las residencias?

Bajo continúa supervisión, ya que continúan cargando los datos en la aplicación informática. Además, siguen cumpliendo las indicaciones de las guías y los protocolos de actuación. Ahora mismo la mayoría de los centros no tienen casos ni confirmados, ni residentes que presenten síntomas compatibles.

Si volviera atrás, ¿qué cambiaría de las decisiones tomadas en la Consejería de Familia durante la pandemia?

A día de hoy es fácil juzgar lo que ocurrió o decidir lo que hubiéramos hecho en ese momento… pero hay que ponerse en la situación de marzo, donde nos enfrentábamos a un virus y una situación totalmente desconocida, donde cada día surgía algo nuevo y había que hacerle frente y buscar una solución en ese preciso momento, con los medios de los que se disponía que recordemos, eran escasos. Ni siquiera en nuestros domicilios teníamos mascarillas ni la posibilidad de obtenerlas. Nosotros restringimos las visitas en todas las residencias el 12 de marzo y las prohibimos el día 13. Antes de que el Gobierno Central decretara el Estado de Alarma.

Con la información de la que disponemos a día de hoy…haber cerrado antes las Residencias. En aquel momento actuamos según la información que nos iba trasladando el Ministerio de Sanidad.

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