La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, justificó la ley contra la violencia intrafamiliar que prevé aprobar el Gobierno autonómico en esta legislatura ante el incremento de “episodios graves” de hijos adolescentes contra sus padres. Durante su comparecencia ante las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento en esta legislatura, Blanco defendió que esta norma, dimanante del acuerdo PP-Vox, permitirá la detección de estas agresiones con “mayor eficacia y rapidez”.
En este sentido, consideró que la nueva norma se complementará con la ley vigente de atención integral a víctimas de violencia de género, la cual adelantó que será actualizada para poner especial énfasis en el mundo rural. “Quiero reiterar y reafirmar nuestro compromiso política y social irrenunciable con la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres”, sentenció, con una cita parafraseada del discurso de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
A su juicio, se trata de un “problema social cada vez más creciente” y que afecta a los diferentes grupos de personas que “conviven en un entorno familiar” y que demanda, a su juicio, un “abordaje específico para prevenir agresiones y tratar las graves consecuencias que provoca”.
En Castilla y León, recordó que existe desde 2019 un Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar, que se encuentra en vigor y que responde a la necesidad de apoyar a todas las familias en cuyo seno se producen situaciones de violencia. El plan culmina su vigencia en 2023, por lo que en esta legislatura se pretende “consolidar” esta actuación para “dotarla de rango legal”, con una nueva ley que iniciará su tramitación antes del 31 de julio, tal y como anunciaron en la firma del acuerdo de Gobierno el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Juan García-Gallardo.
A juicio de la consejera, esta ley surge como respuesta ante una serie de situaciones “muy preocupantes derivadas de la violencia intrafamiliar”. En primer lugar, desveló un incremento de episodios graves de violencia de hijos adolescentes contra sus padres. En segundo, los informes de la Fiscalía señalan que entre un 10 y un 15 por ciento de las agresiones en el ámbito familiar “no se denuncian”. Y por último, Blanco constató el aumento durante la pandemia del maltrato en la familia a las personas mayores o también el bulling entre hermanos, especialmente cuando uno de ellos es una persona con discapacidad.
“Entendemos, por tanto, que esta ley es útil y necesaria para prevenir la violencia intrafamiliar, permitiendo su detección con mayor eficacia y rapidez”, defendió. Además, explico que “garantizará” que todos los agentes implicados conozcan cómo actuar ante situaciones de violencia intrafamiliar y que también establecerá los recursos y programas necesarios para asegurar la atención “inmediata e integral” a las víctimas, como las alternativas habitacionales y de medios de subsistencia, las ayudas a huérfanos víctimas de esta violencia y los apoyos técnicos.
Por último, para facilitar la resolución de conflictos, Blanco anunció la apertura de los centros MediaCyL de mediación y apoyo a todas las familias de la Comunidad que lo necesiten. Estos centros ofrecerán apoyo psicosocial especializado “a todos y cada uno de los miembros de la familia a través de diversos servicios de carácter gratuito, personalizado y confidencial”, que atenderá un equipo mulitidisciplinar: psicólogo, licenciado en derecho, asistente social, mediador.
Sistema in, on, out
Blanco detalló el nuevo sistema “in, on, out” para luchar contra la violencia de género, un sistema que “parte de la prevención, que continúa con la atención y que busca, como objetivo final, la recuperación de la autonomía para iniciar su proyecto de vida”. Este modelo de atención integral es la “base”, dijo, para ofrecer una “atención individualizada, inmediata, integral y profesionalizada, adecuada a las necesidades de seguridad y autonomía personal de cada mujer”.
Recordó que Castilla y León cuenta, en este sentido, con una “completa” Red de Atención a las víctimas de violencia de género, con recursos habitacionales, con servicios especializados de apoyo y con redes de atención: “Los seguiremos mejorando”, comprometió.
Con ello, prosiguió la consejera, se logrará “ofrecer una respuesta adecuada e individualizada a cada víctima y su entorno, aproximando y mejorando la accesibilidad de los recursos y servicios, en definitiva, aumentar la calidad en la respuesta”. En este sentido, consideró que la inserción laboral es una de las “claves que desencadenan estos procesos de recuperación de la autonomía”.
Por este motivo, avanzó su apuesta por involucrar a las empresas en este objetivo a través de alianzas que “permitan incrementar y reforzar las actuaciones para alcanzar la restitución de la vida personal y laboral”.
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