Los razonamientos que ofrece Izquierda Unida para sostener eso parten de que “La actual LRSAL que entró en vigor el pasado 1 de enero, suprimiendo el art. 28 de la anterior ley, dice que los municipios podían ejercer competencias complementarias de las propias, y en concreto se mencionaba las relacionadas con la “promoción de la mujer. Con la nueva Ley se establece como “competencia delegable” la “promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer”. Ello quiere decir que será la Junta de Castilla y León la que marque las pautas de actuación, los proyectos y los fines relacionados con la materia, y, en todo caso, si delega la competencia transferirá la financiación correspondiente. Por lo tanto, los ayuntamientos quedan atados de pies y manos a la hora de actuar”.
Con todo esto, Izquierda Unida recuerda que “en estos momentos, en el Presupuesto de 2014 existen 60.000 euros en la partida “igualdad de oportunidades” que el Ayuntamiento dispone con libertad. Al margen de la partida, queda claro que el Ayuntamiento y especialmente el Consejo Municipal de la Mujer ejercen con total autonomía sus competencias en materia de igualdad de oportunidades estableciendo la financiación que el Pleno acuerde”.
Tras estas dos reflexiones que lanza el Grupo Municipal Izquierda Unida, Laura Rivera concluye: “Una vez publicada la Ley Montoro carece de sentido que en los ayuntamientos existan este tipo de Consejos. Ni tendrán competencias, ni podrán tomar iniciativas. Sólo la Junta de Castilla y león tiene competencias para ello. El Grupo de IU considera un grave error sacar de los ayuntamientos estas competencias y considera también un error que se desactiven todos los Consejos Municipales de Mujer en el que están representados además de los Grupos Municipales y la Junta, otras asociaciones como la Asociación de Mujeres Progresistas, Asociación de Mujeres por la Igualdad, CC.OO, CSIF, UGT, la FAVE, la Asociación de Mujeres Empresarias, etc”.
Por todo ello, Izquierda Unida anuncia que presentará una iniciativa de rechazo a la Ley Montoro solicitando expresamente que el Consejo mantenga su autonomía y libertad a la hora de establecer acciones y prioridades en temas de mujer.
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