Los jueces y fiscales de Zamora se plantan ante la reforma judicial: “Si esto sigue adelante, no descartamos adoptar medidas más drásticas”

La magistrada Ana Descalzo, en representación de la Asociación de Jueces Independientes, ha encabezado este martes el paro simbólico de diez minutos convocado en toda España.

La magistrada Ana Descalzo, en el centro, en representación de la Asociación de Jueces Independientes, en el último paro simbólico. Archivo
La magistrada Ana Descalzo, en el centro, en representación de la Asociación de Jueces Independientes, en el último paro simbólico. Archivo

El mundo judicial ha alzado la voz este martes, 11 de junio, con un paro simbólico de diez minutos convocado por las principales asociaciones de jueces y fiscales de España. En Zamora, la magistrada Ana Descalzo, de la Asociación de Jueces Independientes, fue la encargada de leer el comunicado oficial, que denuncia el grave impacto de las reformas que tramita el Gobierno.

Según Descalzo, las iniciativas legislativas en curso —en especial el proyecto de ley sobre el acceso a la carrera judicial y el anteproyecto del estatuto del Ministerio Fiscal— “ponen en peligro seriamente la independencia del poder judicial”.

Una de las principales críticas es que la nueva ley se está tramitando por la vía de urgencia y sin consenso, ni con el Consejo General del Poder Judicial ni con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Además, la magistrada lamentó que la reforma elimine parte de la formación exigente actual para introducir “pruebas subjetivas y susceptibles de filtración”.

También alertó sobre la creación de un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la objetividad del sistema de selección. Otra de las preocupaciones expresadas es la posibilidad de que más de 1.300 jueces y fiscales sustitutos pasen a ser de carrera sin pruebas de acceso homologadas, algo que —insistió— va en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Respecto al anteproyecto del nuevo estatuto del Ministerio Fiscal, Descalzo afirmó que se pretende aumentar las competencias del fiscal general del Estado, que seguirá siendo designado por el Gobierno “sin ningún tipo de filtro”, lo que incrementa el riesgo de injerencia política en las investigaciones.

“No se trata de un derecho corporativo, sino de una garantía para la ciudadanía. La independencia del poder judicial y la autonomía de la Fiscalía son esenciales para la democracia”, subrayó la magistrada.

La protesta, aunque simbólica, podría ser el inicio de más movilizaciones. “Si esto sigue adelante, no descartamos adoptar medidas más drásticas”, concluyó.

stats