​ La Junta aprueba mañana la nueva Oferta de Empleo Público con 4.122 plazas

Ángel Ibáñez anuncia que el Consejo de Gobierno dará luz verde a la OPE, que apuesta por la promoción interna

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 Oposiciones aula.
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La Junta de Castilla y León aprobará mañana en la reunión del Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Pública para 2020, que crecerá un 12 por ciento respecto a la del año pasado y llegará a las 4.122 plazas. De ellas, 3.159 son de nuevo ingreso y acceso libre en procesos selectivos y 963 de promoción interna para personal funcionario, laborales fijos y sanitarios estatutarios.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, anunció en su comparecencia en las Cortes para presentar las cuentas de su departamento del Proyecto de Presupuestos para 2021, que el Consejo de Gobierno dará mañana luz verde a la Oferta de Empleo Pública.

Ibáñez informó la semana pasada que se convoca el 100 por 100 de la tasa de reposición, si bien destacó también la tasa del cinco por ciento adicional destinada al refuerzo de inspectores de consumo y de campo, enfermería o ayudantes técnicos educativos.

En el desglose de la oferta, resaltó las 3.159 plazas de nuevo ingreso en la Administración autonómica, abiertas a cualquiera que dese opositar, de las que 598 corresponden a la Administración General, con un reparto de 344 de cuerpo de funcionarios y 253 de laborales. Otras 1.324 corresponden a cuerpo docente no universitario, 845 de la tasa de reposición y 333 de estabilización.

Para el personal estatutario se reserva otras 1.1238 de reposición en instituciones sanitarias, a este bloque de las 3.159 de ingreso libre se suman 963 de promoción interna: 231 de funcionarios de la Administración General, 150 de personal laboral fijo y 582 de personal estatutario, completando así las 4.122 aprobadas para este año.

Las plazas de promoción interna para progresar en la carrera profesional suponen un aumento del 67 por ciento en el apartado de funcionarios y de un 59 por ciento en laborales.

Finalmente, la Junta busca con esta oferta la estabilización del empleo y la reducción de la tasa de temporalidad para reducirla al ocho por ciento al final de la legislatura, puesto que ronda entre el 20 y 28 por ciento.

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