La Junta de Castilla y León pide amparo legal ante una Ley de Publicidad Institucional "confusa y contradictoria"

La Junta de Castilla y León ha elevado una consulta formal al Consejo Consultivo autonómico para esclarecer los aspectos más problemáticos de la nueva Ley de Publicidad Institucional, cuya reciente reforma ha generado un considerable nivel de incertidumbre jurídica. La Administración regional advierte de que la redacción actual de la norma genera contradicciones con leyes estatales, como la de Contratos del Sector Público, y plantea serios problemas de aplicación práctica.

Según el Ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco, el texto legal presenta vacíos normativos, deficiencias técnicas y contradicciones internas que dificultan su cumplimiento sin incurrir en posibles conflictos de competencias o actuaciones ilegales. De ahí que la Junta haya solicitado al órgano consultivo —máxima autoridad jurídica en la Comunidad— un análisis riguroso y autónomo que aporte seguridad jurídica a la interpretación y aplicación de la ley.

24 preguntas clave sobre posibles vulneraciones legales

La solicitud planteada al Consejo Consultivo incluye 24 cuestiones jurídicas de fondo, que abarcan aspectos tan sensibles como:

• Posibles colisiones con la Ley de Contratos del Sector Público, en relación a la libre concurrencia, igualdad de trato y la prohibición del uso de criterios de arraigo territorial.
• Límites económicos al volumen de contratación con medios, que podrían discriminar a empresas de menor tamaño o implantación local.
• Prohibiciones para contratar con medios basadas en antecedentes judiciales, que podrían exceder las competencias autonómicas y vulnerar derechos fundamentales como la libertad de información o el derecho al honor.
• Consecuencias jurídicas de modificar o suspender campañas ya adjudicadas, lo que puede afectar a la estabilidad contractual.
• Creación de un nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT, que tendría funciones que corresponderían a una televisión pública inexistente en Castilla y León.
• Convocatoria de un nuevo concurso de televisión autonómica, que choca con el modelo actual de autorización administrativa y plantea dudas sobre viabilidad, subrogación laboral y procedimiento legal.

Un dictamen para evitar inseguridad jurídica

La Junta justifica su solicitud como una medida de responsabilidad institucional, destinada a prevenir conflictos legales, garantizar la legalidad y proteger tanto a la Administración como a las empresas afectadas por la nueva normativa. “Aplicar esta ley sin claridad jurídica podría comprometer recursos públicos y derechos fundamentales”, señala el Ejecutivo autonómico.

La petición de dictamen —de carácter facultativo pero altamente relevante— tiene por objetivo permitir una aplicación coherente y respetuosa con el marco legal vigente, especialmente en un terreno tan delicado como el de la comunicación institucional y la gestión del dinero público.

En definitiva, la Junta busca claridad donde la ley ha sembrado dudas, y se encomienda al criterio técnico y jurídico del Consejo Consultivo para desenredar una norma que, lejos de facilitar la transparencia, podría generar inseguridad y conflictos legales si no se corrige a tiempo.

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