El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar el contrato de desarrollo de las actividades propias de los servicios de prevención de riesgos laborales para la administración de la Comunidad de Castilla y León.
La seguridad de los empleados públicos es una prioridad de la Junta de Castilla y León en general y de la Consejería de la Presidencia en particular, al ser el departamento competente del área de Función Pública y, por tanto, responsable de que los empleados de la Administración Autonómica desarrollen su actividad en las mejores condiciones posibles.
La Junta de Castilla y León mantiene el convencimiento de que el bienestar físico y mental de los trabajadores de la Administración influye positivamente en las labores desarrolladas a diario por estos empleados, y esto repercute directamente en la calidad de su trabajo, tanto en el ámbito de la atención al ciudadano como en el de la resolución ágil y eficaz de los trámites y expedientes a su cargo.
La prevención de riesgos laborales en la Administración de la Comunidad de Castilla y León viene desarrollándose de forma mixta desde 2013: utilizando servicios de prevención propios para las especialidades de higiene, ergonomía y psicosociología, y servicios de prevención ajenos para las especialidades de seguridad en el trabajo y medicina del trabajo. Estos servicios de prevención ajenos son el objeto de dicho contrato, y constan de cuatro elementos de gran importancia para la seguridad de los empleados públicos.
El primero de ellos es la evaluación de los riesgos laborales y la posterior planificación de la actividad preventiva, es decir, el análisis de las condiciones de trabajo de estos trabajadores para saber qué áreas de seguridad potenciar en cada caso, en función del desempeño diario y de los potenciales riesgos que conlleva cada actividad.
El segundo es la organización de actividades preventivas específicas de seguridad en el trabajo para evitar los potenciales accidentes, y de medicina en el trabajo, para vigilar de forma periódica la salud de los empleados públicos.
El tercero es la formación de los empleados públicos, para que comprendan correctamente los ámbitos de los riesgos laborales y las actividades preventivas y de hábitos saludables en el trabajo.
El cuarto y último es la planificación de la gestión preventiva, es decir, dar cuenta a la Administración de qué procedimientos y qué mejoras son necesarias para que la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo sea lo más eficaz posible.
Estos servicios se prestan a los 57.039 empleados públicos de la Administración de Castilla y León incluidos en el régimen de seguridad social o pertenecientes a las diferentes mutualidades, en los 3.943 centros de trabajo. Se excluye al personal perteneciente a instituciones sanitarias, que prestan todos los servicios de prevención con recursos propios.
El contrato está compuesto por nueve lotes, uno por cada provincia, para que la prevención de riesgos laborales se desarrolle por igual en todas las provincias, y al mismo tiempo para conseguir una simplificación de la tramitación administrativa y una mayor facilidad en la gestión y en el control de las actividades y contenidos del contrato.
El periodo de duración del contrato será de tres años a contar desde el día siguiente de su formalización, y será prorrogable por un máximo de dos años, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público.
La adjudicación de este contrato sigue el procedimiento ordinario establecido en dicha Ley: es un procedimiento abierto y basado en la concurrencia competitiva, de tal forma que las diferentes entidades y empresas se presentan libremente y compiten en igualdad de condiciones para obtener la adjudicación, otorgándole el servicio a aquellas entidades que puedan ofrecer un servicio de mayor calidad con el presupuesto licitado.
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