La Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones yFormación Profesional para el Empleo se constituye como un nuevo órgano decooperación entre la Administración General del Estado y las ComunidadesAutónomas, para coordinar y colaborar en aquellas políticas de formaciónprofesional asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales; esdecir, aquellas que dan lugar a una acreditación oficial o certificado deprofesionalidad.
La creación de este nuevo órgano de colaboración entre elMinisterio y las Comunidades responde al nuevo reparto de competenciasministeriales llevado a cabo por el gobierno de España el pasado mes de enero.Mediante esta reestructuración, el Ministerio de Educación y F.P. pasó a asumirla gestión de la formación profesional para el empleo asociada al SistemaNacional de las Cualificaciones Profesionales, una competencia quehistóricamente ha estado ligada a los ministerios responsables de las políticaslaborales y de empleo.
La unificación en un mismo ministerio del Sistema deFormación Profesional Reglada y el Sistema de Formación Profesional para elEmpleo obliga a extremar la colaboracióncon los gobiernos Autonómicos, responsables del diseño, ejecución y gestión de estas políticas, máxime teniendo encuenta que en determinadas Comunidades – entre ellas Castilla y León- estas competencias dependen de la Consejeríade Empleo e Industria y forman parte de las políticas activas de empleo que sediseñan en el marco del Diálogo Social.
En este sentido, la consejera ha defendido la necesidad deque esta formación se mantenga ligada al mundo de la empresa y de lanegociación colectiva. Este nexo constituye una garantía de mejor adaptación alas necesidades reales del tejido productivo. Por eso - ha defendido- debe tener un carácter dinámico y ser capaz dedetectar y anticiparse a las necesidades del mercado laboral, sin olvidar a loscolectivos con especiales dificultades de empleabilidad
Así mismo, Amigo considera que el traspaso de competencias ymedios entre el Ministerios de Educación y Formación Profesional y elMinisterio de Trabajo y Economía Social debe realizarse de modo que norepercuta negativamente en la programación que ya tienen las ComunidadesAutónomas, garantizándose los recursos económicos necesarios para sudesarrollo. Especialmente, teniendo en cuenta el complicado momento en el quenos encontramos, y que exige un esfuerzo adicional de trabajadores y empresaspara adaptarse a un mercado laboral cambiante, como consecuencia de la crisis,por un lado, y de los procesos de digitalización, por otro.